Pedro Sánchez junto a la ex delegada del Gobierno en la Jefatura en una visita coincidiendo con el "procés"
Pedro Sánchez junto a la ex delegada del Gobierno en la Jefatura en una visita coincidiendo con el «procés»EFE

La Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña ha impugnado la decisión del Gobierno de declarar la Jefatura de Vía Laietana como lugar de memoria democrática, critica la «politización» de una maniobra largamente reclamada por parte del independentismo y alerta de que «estigmatiza a los agentes», los «señala públicamente en su lugar de trabajo». Así rechaza el sindicato la reconversión de la comisaría en un memorial en las alegaciones presentadas este lunes ante el ministerio del Política Territorial y Memoria Democrática y consultadas por este diario.

«La declaración del inmueble exclusivamente como ‘lugar del terror franquista’, sin ponderar su condición actual de sede policial en un Estado democrático de derecho, genera un efecto de estigmatización hacia los policías destinados en él. Estos funcionarios se ven públicamente señalados en su lugar de trabajo como herederos de un relato histórico negativo, lo que afecta gravemente a su dignidad profesional, a su clima laboral y a su integridad moral», avisa la Confederación Española de Policía.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática inició en julio el proceso para la declaración de la Jefatura «lugar de memoria democrática» y reclamó a varios expertos estudios que apuntalaran su decisión.

De momento, el acuerdo publicado este martes en el BOE establece que se deberá identificar, explicar y señalizar esta historia en el mismo edificio, y se podrán realizar visitas presenciales y virtuales por ciertas zonas del edificio vinculadas a esta persecución política. La página web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática también contará con un apartado dedicado al edificio, con fotografías y explicaciones. Es decir, el edificio continuará siendo de uso policial, pero deberá incluir la señalización de espacios de tortura y persecución política.

Esta es una de las reclamaciones históricas del soberanismo, que exige también la expulsión de los agentes, algo que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha negado. De momento, el acuerdo publicado en el BOE establece que se deberá identificar, explicar y señalizar esta historia en el mismo edificio de Vía Layetana, y se podrán realizar visitas presenciales por ciertas zonas.

Sobre el impacto en los agentes, el sindicato advierte que la omisión de medidas preventivas y la falta de evaluación psicosocial «pueden derivar en responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado por los daños sufridos por los policías nacionales: estrés, ansiedad, estigmatización y menoscabo reputacional».

En sus alegaciones, el sindicato también enumera una ristra de «deficiencias» de forma en la presentación del proyecto y piden que se paralice el procedimiento de forma urgente. «El acuerdo se limita a mencionar obligaciones genéricas de conservación y perdurabilidad pero sin identificar los vestigios concretos que deben preservarse (celdas, despachos, calabozos, archivos documentales)»; «tampoco se ha previsto memoria económica», y «el Ayuntamiento de Barcelona no ha aportado respuesta alguna al expediente».

Uno de los informes remitidos al Ministerio y que forma parte del expediente de transformación del edificio de Vía Laietana alega que «su significado memorial se asemeja» a la «Topografía del Terror de Berlín (sede de la Gestapo y de la oficina Central de Seguridad del Reich), al edificio Londres 38 de Santiago de Chile (centro de detención y tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) o a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA de Buenos Aires». El documento iguala el edificio de la Jefatura Policial catalana con todos estos «espacios neurálgicos de represión en contextos dictatoriales»

El estudio fue elaborado por Xavier Domènech, el que fuera líder de los comunes en el Parlament, en calidad de miembro del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Una circunstancia que el sindicato también denuncia: «Basar un procedimiento administrativo de este calado en el dictamen de un ex responsable político con sesgos partidistas es inaceptable y compromete la credibilidad y neutralidad del expediente».

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