Todo empezó hace más de un año. Con la carta a la ciudadanía que Pedro Sánchez lanzó en sus redes sociales horas después de conocerse que su mujer estaba siendo investigada judicialmente. Habló de una «estrategia de acoso y derribo», una «máquina del fango» de políticos medios y jueces. Ahora, tras la decisión del juez Ángel Hurtado de procesar al fiscal general del Estado y dejarlo a un paso del banquillo, La Moncloa intensifica su choque con los jueces, apuntando y cuestionado sin tapujos las actuaciones de algunos de ellos.
Una estrategia al ataque que, además de defenderse, persigue aunar a los suyos, a los progresistas en torno a esta causa. Que la confrontación y el presentarse como víctima de esta «guerra sucia» suministre a sus votantes y potenciales votantes argumentos para defender la causa del Gobierno, además de cerrar filas con ellos. «Los tuyos cierran filas contigo cuando tienen la sensación de que te atacan injustamente», dicen desde la sala de máquinas de la estrategia del Gobierno.
En el complejo presidencial, el auto del magistrado del Tribunal Supremo sobre Álvaro García Ortiz supone la «evidencia» de que «a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender». Términos como «guerra sucia», «campaña política, mediática y judicial», hasta «golpistas» vuelven a primer plano. A ellos se suma el de «cloacas», que los socialistas tratan de voltear presentándose como daños colaterales y no como instigadores en el caso Leire Díez. En el seno del Gobierno creen que, desde hace tiempo, sufren una operación para tratar de descabalgar a Pedro Sánchez de La Moncloa, donde participan operadores políticos, mediáticos y judiciales que tiene su expresión en circunstancias como las investigaciones al entorno familiar del presidente del Gobierno o el procesamiento del fiscal general.
En la pugna ya no hay medias tintas y se aparca el decoro. En el Ejecutivo trazan ya una división entre jueces. «Máxima confianza en la honestidad y el gran trabajo de la gran mayoría de jueces y fiscales». «La gran mayoría» no es ya todo el colectivo. Porque hay jueces como Juan Carlos Peinado -caso Begoña Gómez– o Ángel Hurtado -caso fiscal general- a los que el Ejecutivo evita acusar públicamente de prevaricación pero sobre los que siembra la sospecha y a los que cuestiona.
«Con una denuncia falsa no nos vamos a dejar tumbar», advierten en el Ejecutivo a cuenta de la defensa cerrada de García Ortiz, «su fiscal general» como llegó a decir Sánchez. «Con las pruebas que hay en la mesa, apoyo hasta el final», sintetizan desde el equipo de Pedro Sánchez. A pesar de que por primera vez en la historia un fiscal es procesado, La Moncloa mantiene la «confianza plena». Fuentes gubernamentales lo justifican en el hecho de que «estamos 100% seguros de que es una acusación falsa. No filtró nada». Por eso justifican que con José Luis Ábalosconstruyeran un cortafuegos y con García Ortiz corran el riesgo de quemarse. «Con Ábalos no sabemos lo que hay. Con García Ortiz sí porque tenemos pruebas de ello».
Los mensajes de los últimos días, con términos bélicos como «guerra sucia» o «campaña de acoso y derribo», son una suerte de llamada a filas de los suyos para acudir a las trincheras de las barras del bar, las colas en la compra, los corrillos en la puerta del colegio, el bus…. Esta semana, si bien Sánchez sigue guardando silencio -lleva desde el 29 de abril sin responder a preguntas de la prensa-, los ministros han salido en tromba para proporcionar doctrina y relato a los suyos, en un contexto complejo donde en las tertulias predomina la mala imagen del Ejecutivo.
«Hemos mandado mensajes a los nuestros», señalan quienes están al pie de la estrategia del Gobierno. «Les hemos dado argumentos». Frases como «algunos jueces hacen cosas difíciles de entender» buscan esa idea rápida y fácil de asimilar y replicar. Una manera de querer decir sin decirlo: en el Gobierno creen que jueces como Hurtado prevarican, pero no puede ser así de explícitos. Como también lo piensan de Juan Carlos Peinado. Pero se persigue huir del farragoso lenguaje jurídico. Ideas como la de jueces haciendo «cosas difíciles de entender» o «no hay ninguna prueba» son más fácil de trasladar a la opinión pública y de replicar.