Hace dos años, los siete votos de Junts inclinaron la balanza: Pedro Sánchez consiguió con ellos la investidura y formó un Gobierno plenamente legítimo con el respaldo de la mayoría del Congreso -179 votos a favor frente a 171 en contra-. Sin el acuerdo firmado con Puigdemont nada de esto habría sido posible y el país se habría encaminado hacia una repetición electoral de imprevisibles consecuencias.
Hoy, Junts ha vuelto a demostrar que es capaz de imprimir un giro decisivo a la política española. Sánchez se puso en sus manos y ahora, en el ecuador de su mandato, tiene que afrontar las consecuencias.
El presidente ha repetido hasta la saciedad que está dispuesto a agotar la legislatura, que las elecciones serán en tiempo y forma en 2027 aun cuando no consiga aprobar en cuatro años unos Presupuestos del Estado -de momento, camino del tecer ejercicio ni siquiera los ha presentado, incumpliendo el mandato de la Constitución- e incluso, también, aunque no cuente con el concurso del Parlamento.
Cierto es que el presidente puede intentar resistir aferrándose al poder porque, en ausencia de una moción de censura, la potestad de convocar anticipadamente elecciones es exclusivamente suya. Sin embargo, su resistencia implicará el colapso de la legislatura por parálisis, por pérdida de la confianza parlamentaria y, por tanto, por falta de legitimidad.
«El Gobierno español no podrá recurrir a la mayoría de la investidura, no podrá aprobar unos Presupuestos y no tendrá la capacidad para gobernar». Con estas palabras, Puigdemont resumió las consecuencias de su ruptura con Sánchez y una de las más importantes es la falta de una mayoría en el Congreso que avale la legitimidad del Ejecutivo.
Tras el anuncio de Puigdemont, fuentes oficiales del PNV insistieron en este mensaje: «La posición trasladada hoy por Junts no hace otra cosa sino constatar lo que ya se sabía: que existe una mayoría negativa en el Congreso (…) Un Parlamento sin mayorías ni Presupuestos no es muy sostenible en el tiempo».
Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno porque la mayoría de la Cámara le otorgó su confianza. La ruptura de Junts certifica la pérdida de esa confianza. Las dos únicas vías que tendría ahora el presidente para demostrar que mantiene el apoyo del Congreso parecen definitivamente cerradas. Una pasaría por someterse a una moción de confianza y ganarla. La otra, presentar ya un proyecto de Presupuestos Generales y lograr su aprobación.
La primera vía, la cuestión de confianza, sería una decisión personal del presidente. Nadie más que él puede activarla. En las condiciones actuales, tras el abandono anunciado de Junts, no hay ninguna posibilidad de que Sánchez acepte transitar ese camino cuyo final estaría escrito de antemano.
La segunda vía, la remisión de un proyecto de Presupuestos a la Cámara, a juzgar por las palabras de Puigdemont, también estaría condenada al fracaso. LLevar un proyecto de cuentas al Congreso y no conseguir aprobarlo evidenciaría sin género de dudas que el Gobierno y su proyecto político expresado en cifras no cuenta con la confianza de los representantes de la soberanía.
No obstante, el camino de los Presupuestos podría servirle a Sánchez para retrasar la decisión de convocar elecciones. De momento, no se ha remitido a la Cámara ni la senda fiscal ni por tanto tampoco el proyecto de cuentas públicas. El Gobierno podría intentar ganar tiempo aplazando aún más su presentación pero los plazos serían finitos porque sin la mayoría de la investidura el proyecto caería en el debate de totalidad, el primer listón que deben superar las cuentas en el Congreso.