Doce años después, todo sigue igual. El modelo de financiación autonómica vigente caducó en 2014, lo que no ha impedido que siga determinando un reparto de recursos entre las comunidades que ha generado notables diferencias entre territorios, según coinciden todos los expertos. Doce años después, «hay un problema general de desigualdad en los recursos», sentencia Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), para quien «no es justo que se mantenga la actual situación».
El cambio del modelo de financiación fue una de las grandes promesas incluidas en el acuerdo de gobierno que sellaron en 2023 PSOE y Sumar. Su incumplimiento, de hecho, ha perpetuado lo que ambos partidos ya reconocieron por escrito: la «infrafinanciación de determinadas comunidades autónomas», entre las que se sitúa particularmente la Comunidad Valenciana. Hasta el punto de que el documento añadía:«Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado».
El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha cumplido hasta la fecha ninguna de las dos promesas: ni aprobación de un nuevo sistema de financiación ni de un fondo de nivelación transitorio que, mientras no se acometa la reforma, equipare a las regiones infrafinanciadas con la media. El de la financiación no es solo uno de los grandes asuntos pendientes del Gobierno de coalición. Es, además, el que ha levantado en armas a los propios barones del PSOE, y no solo a todo el bloque de comunidades del PP.
Para encontrar el pecado original hay que mirar de nuevo a Cataluña. El Ministerio de Hacienda, bajo las órdenes de María Jesús Montero, presentó un modelo alternativo de financiación que, en realidad, era fruto del pacto previo entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. El Ministerio, ahora en manos del valenciano Arcadi España, defiende que con el nuevo sistema las comunidades dispondrían ya en 2027 de 21.000 millones de euros adicionales. Por cierto, el PP le recuerda a España que, como consejero de Hacienda de la Generalitat Valenciana no solo clamaba por la reforma «urgente» de la financiación, sino que exigía al Gobierno ese fondo de nivelación transitorio que ahora niega… con el argumento de que ya hay un borrador para un nuevo modelo sobre la mesa.
Pero «el objetivo del Gobierno ha sido mejorar a Cataluña por encima del resto», sostiene en declaraciones a este diario el consejero valenciano de Hacienda, el popular José Antonio Rovira. El caso valenciano es el ejemplo paradigmático de la losa que supone arrastrar una financiación desactualizada. Primero, porque la Generalitat ha tenido que hacer frente a la millonaria reconstrucción tras la dana en esta legislatura, lo que la ha obligado a recurrir al endeudamiento sin que el Ejecutivo central haya le haya concedido préstamos no reembolsables. Y segundo, porque dicho endeudamiento no ha hecho sino engordar la bola de nieve del problema de la infrafinanciación.
Según Rovira, «la valenciana es la comunidad con menores recursos procedentes del actual modelo de financiación en términos de ingresos por habitante ajustado de toda España». Esto implica que hasta un 80% de la deuda de la Generalitat «es directamente achacable a la infrafinanciación». La Comunidad Valenciana «no tiene un exceso de gasto;lo que sufre es una falta de ingresos que debe corregirse». Resultado: una deuda que ronda los 64.000 millones de euros, una cifra que la convierte en la más abultada de España en relación al PIB y en la segunda en términos absolutos por detrás de Cataluña.
¿Por qué la Comunidad Valenciana no ha roto entonces el bloque del PP para aceptar los 3.669 millones más que lograría en su caso con la nueva financiación? Según Rovira, «con el modelo planteado no se llega a la media de recursos, y esta es una condición indispensable».
Esta misma tesis es la que han esgrimido también comunidades socialistas (sin contar Navarra, con sistema foral propio) para oponerse al nuevo modelo. Castilla-La Mancha y Asturias también lo han criticado. En una entrevista con este diario, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, lo cuestiona sin matices en la medida en que «premia a las comunidades autónomas con mayor acumulación de renta entre sus residentes». Según sus propias palabras, «no encaja con un sistema que debería garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos, con independencia de dónde vivan o de su capacidad económica, especialmente en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales». Su conclusión, de nuevo, es que «beneficia descaradamente a Cataluña».
«No se puede tratar por igual a aquellos territorios que no son iguales porque eso no es justo, y algunas autonomías, como la valenciana, están especialmente infrafinanciadas», lamentaba en 2022 un consejero autonómico llamado Arcadi España. Y lo que critica precisamente en un artículo Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), es el traje a medida de una propuesta pensada para Cataluña.
Cuestiona, por ejemplo, el poco sentido que tiene «la imaginativa excusa que se ha buscado para darle a Cataluña una jugosa prima de financiación a cuenta del IVA de las pymes societarias». A su juicio, el mecanismo IVA Pymes -para que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes de sus territorios-, así como el fondo climático -dotado con 1.000 millones- no hacen sino introducir «arbitrariedad» a la hora de distribuir los fondos entre las comunidades.
Así, Cataluña es la principal beneficiada en financiación por habitante ajustado, con 507 euros más con el nuevo modelo, aunque ya se situaba por encima de la media. La Comunidad Valenciana o Murcia, en el furgón de cola con el sistema vigente, recibirían 496 y 468 euros más con la reforma, pero para seguir por debajo de la media en financiación. Aragón o Castilla-La Mancha tampoco lograrían alcanzar el umbral de la media. El caso de Asturias también es llamativo, porque de estar por encima de la media pasaría a estar por debajo.
Según el Ministerio, sin embargo, el nuevo modelo «mejora la equidad» porque se reduce las diferencias entre las comunidades con más y con menos recursos por habitante ajustado, al pasar de 1.500 euros… a 700. De hecho, para el investigador del IVIE, «el núcleo de la propuesta es razonable» porque «mejora la suficiencia de las comunidades».
Ahora bien, Francisco Pérez advierte de que, con la nueva propuesta, las diferencias de financiación por habitante ajustado se reducen, pero no desaparecen. Al igual que De la Fuente, cuestiona la introducción de los fondos Pyme y climático, que «repiten la tendencia» de mantener las disparidades en financiación. En lo que no coincide Pérez es en que la gran beneficiada sea Cataluña:«Si queremos señalar ejemplos extremos, deberíamos hablar en primer lugar de las comunidades forales. Y si nos limitamos a las comunidades de régimen común, las hay que están mucho más por encima de la media». Cantabria, La Rioja o Extremadura, por ejemplo. Y, precisamente por ello, el Ministerio también ha introducido la «garantía de statu quo».
Esto implica que ninguna comunidad autónoma recibirá menos dinero que el que percibe actualmente. En este punto, Pérez avisa: «Si decimos que nadie puede perder en términos relativos, entonces no se puede hacer la reforma. Si los que están por encima tienen que mantener su posición relativa, significa que habrá que darles siempre más recursos. Y así no puede haber reforma». En todo caso, doce años después, el Gobierno no ha logrado desencallar un asunto que no pone de acuerdo a casi nadie.