Las explicaciones que había dado el comisionado para la reconstrucción de los daños provocados por la Dana sobre la falsificación de su título universitario no habían convencido ni al Gobierno ni al PSOE. Hasta ayer mismo, imperaba la cautela sobre José María Ángel Batalla, quien este jueves ha decidido presentar su dimisión acechado por el escándalo del título falso.
Días atrás, desde el Gobierno se le había enviado un requerimiento «oficialmente por escrito» para que aportara «toda la información» al respecto, pero ni siquiera se descartaba en ese momento su cese como alto representante del Estado para la reversión de las consecuencias de las riadas de 2024 que afectaron principalmente a la Comunidad Valenciana. Finalmente ha dimitido este jueves.
El aviso de que debía aportar los datos de su expediente académico se lo hizo llegar el martes el Ministerio de Política Territorial, que es quien propuso su designación aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El titular de dicho cartera, Ángel Víctor Torres, señaló que estaban a la espera de que respondiera «cuanto antes» para poder adoptar «la decisión pertinente».
«Hemos leído lo que se ha publicado. También hemos leído su respuesta porque ha emitido un comunicado. Pero nosotros desde el Gobierno de España no estamos para analizar los comunicados de prensa ni lo que se publica», esgrimió este miércoles el político canario en referencia a la exclusiva de EL MUNDO sobre la falsificación del título universitario de Ángel Batalla.
Torres detalló que fue el martes cuando se le comunicó que debía dar facilitar la información de su título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía que, según la Agencia Valenciana Antifraude «presumiblemente es falso», para que pudieran analizarla «con absoluta transparencia y objetividad». «Estamos a la espera de la misma y, a partir de ahí, se tomarán las decisiones oportunas», añadió el ministro de Política Territorial.
En el PSOE valenciano tampoco les terminaban de convencer las explicaciones dadas hasta ahora por el comisionado. De inicial defensa cerrada por su «hoja de servicios brillante» este miércoles se pasó a la frialdad. «Vamos a esperar a ver qué más dice», argumentaron fuentes socialistas.
De hecho, en la federación valenciana se trató de levantar ya una especie de cortafuegos y se insistía en que el puesto que ocupaba hasta hoy como presidente del PSPV-PSOE es un mero cargo honorífico, si bien fue un reconocimiento que quiso hacerle la secretaria general, Diana Morant.
En un comunicado en respuesta a la información publicada por este periódico difundido el martes, el comisionado nombrado por el Gobierno de Sánchez no negó haber falsificado un título universitario, pero defendió que sólo necesitaba el Bachillerato para ser funcionario. Además anunció acciones legales con la Agencia Valenciana Antifraude por denunciar que en 1985 entregó una fotocopia de una diplomatura que no acabó para acceder a un puesto en la Administración.
El listón sobre las responsabilidades políticas por engordar expedientes académicos ha quedado muy alto tras la fulminante dimisión de la ya ex vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP Noelia Núñez después de que se supiera que había registrado diferentes versiones de su currículum en las instituciones por las que ha ido pasando con grados que nunca finalizó.
En este caso se investiga además la «existencia de indicios de que hayan tenido lugar conductas o hechos presumiblemente constitutivos de ilícitos administrativos disciplinarios por varios funcionarios de la Diputación de Valencia», que son los que avalaron el expediente de Ángel Batalla.