El ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Trans, está incapacitado legalmente para realizar tal función y debe ser recusado, puesto que participó en la negociación entre el Partido Socialista y Podemos para la aprobación de dicha norma. Lo asegura la Alianza contra el Borrado de Mujeres, que agrupa a gran parte del activismo feminista clásico, también al ala socialista, y que se disponía ayer a remitir varias cartas a magistrados del Constitucional para evidenciar dicha incompatibilidad e intentar influir en ellos.
«Campo está completamente incapacitado para ser el ponente de dicha sentencia [ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular] porque participó en la negociación que creó la norma, como está documentado», explicó a este diario la ex diputada socialista Ángeles Álvarez, una de las portavoces de la Alianza Contra el Borrado. Para la asociación, por lo que ha trascendido de la ponencia, que será discutida en próximas semanas por el Constitucional, ésta es «completamente política, y no jurídica».
Aunque Campo no era ministro de Justicia cuando salió adelante la conocida como Ley Trans, las feministas clásicas del PSOE, agrupadas en torno a la filósofa Amelia Valcárcel y a la ex diputada Álvarez, sostienen que su participación fue «esencial» para la el acuerdo que permitió la promulgación de la ley, que finalmente dejó incluso víctimas políticas, como por ejemplo la ex vicepresidenta Carmen Calvo.
La dicotomía entre el activismo político por un lado, y tanto la ciencia como el derecho por otro, ha sido planteada desde un principio por las feministas clásicas del PSOE, en una cuestión que ha dividido al partido ante la autodeterminación de sexo impulsada por Irene Montero, ex ministra de Igualdad, de Podemos.
Ningún experto científico fue llamado a comparecer a la comisión de Igualdad, mientras desde Podemos se sostenía que la biología no concurría al caso, lo que permitió aprobar una norma que asimila completamente a mujeres biológicas y mujeres trans. Ahora la ponencia de Campo avala eso mismo, y las feministas clásicas denuncian que se hace, esta vez, contra la Constitución.