La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera acreditada la «influencia» del empresario Víctor de Aldama en el Gobierno canario que presidía Ángel Víctor Torres «mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos» para conseguir la «adjudicación de contratos públicos».
En un nuevo informe que acaba de presentar ante el juez, el Instituto Armado reproduce mensajes entre el ex asesor personal del ex ministro de Transportes y Aldama en los que le envía pantallazos de sus conversaciones con el actual ministro de Política Territorial.
El informe resalta que en la relación de la trama con el Gobierno canario «se pone de manifiesto», una vez más, «una dinánica presuntamente delictiva que se valía de una serie de actores ya conocidos». Así, «Aldama y Koldo prevalecen como figuras determinantes en el perfeccionamiento de las conductas» que se investigan. Recuerdan los investigadores que «Ábalos fue nombrado titular del Ministerio de Fomento en junio de 2018» y que nombró a Koldo García como asesor para que se hiciera cargo de «múltiples tareas entre las que se encontraba la consecución de contratos de material sanitario para diferentes administraciones».
En este contexto, la UCO destaca que Koldo priorizó a la empresa Soluciones de Gestión, asesorada por Aldama, a cambio del cobro de comisiones que percibió de este empresario, al menos, «desde octubre de 2019». Se trataba, abunda la Guardia Civil, de «una suerte de nómina que permitía la petición de favores desde Aldama hacia Koldo, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del Ministerio de Transportes». «Este pago recurrente permitía, por tanto, a Aldama tener acceso al propio ministro (Ábalos)». «Esta relación económica de dinero en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022», prosigue el informe, que amplía el ámbito de actuación a los contratos del Gobierno que dirigía Torres.
En relación con la contratación de la empresa de Aldama por parte de la Administración pública canaria, «la primera referencia» que halla la UCO se remonta a «abril de 2020». Fue entonces cuando Koldo facilitó al empresario el contacto del hombre fuerte de Torres, Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia canario. Este último accedió a la contratación del material sanitario y fue reportando los movimientos a Koldo García. «Es posible que nos quedemos en esta ocasión dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo», le anticipó tras los primeros mensajes. Por lo que la UCO «concluye» que la empresa Soluciones de Gestión «ya estaría suministrando mascarillas a la Administración canaria incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato, lo cual tuvo lugar el 22 de abril». Asimismo, considera muy relevante «el control que Koldo parece ostentar en estas operaciones, llegando a preguntarle al propio viceconsejero la cantidad de material que se pueden quedar».
Tras los contactos entre Koldo, Aldama y el Gobierno canario para la venta del material, Olivera puso en marcha la maquinaria administrativa y ordenó a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud que materializara «relativamente rápido» la adquisición de cinco millones de mascarillas a la referida empresa «como si fuera algo recién llegado a posteriori de sus conversaciones». La jefa del Servicio de Contratación, sin embargo, alertó de que tenía dudas de que se pudiera llevar a cabo una compra de estas características «sin pasar por el Gobierno, apuntando que habría que convalidarlo», al tiempo que advirtió: «A mí me da igual de dónde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos».
A pesar de los reparos de la funcionaria, «se suceden una serie de correos electrónicos relacionados con la gestión del pedido, empezando por dar de alta a la empresa en el sistema informático contable de la Administración». De tal forma que al mismo tiempo que la empresa vinculada a Aldama «daba por sentado el envío de mascarillas» por parte de «los responsables de la tramitación de la compra en la Administración canaria aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación». Esto es, si las mascarillas «eran aptas o no para el uso sanitario». Llegando al extremo de que la «aprobación» se lleva a cabo «sin examinar el producto directamente».
«A través de todas las conversaciones» incautadas, continúa la UCO, «se podría inferir que la propuesta de contratación de la empresa Soluciones de Gestión por parte del Gobierno de Canarias habría llegado desde el Ministerio de Fomento y Transportes, a través del viceconsejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias». Y que frente a esta imposición política, «los responsables de la contratación en el seno de la Administración», trasladaron «dudas sobre la conveniencia del contrato, toda vez que el precio de las mascarillas estaría fuera de mercado, añadiendo que habría reserva suficiente en la Administración para unos meses con las compras efectuadas hasta el momento».