José María Ángel Batalla, comisionado del Gobierno para la Dana, quien, según la Agencia Antifraudede valenciana, falsificó sus títulos académicos para acceder fraudulentamente a un puesto como funcionario en la Diputación de Valencia, se refugia de momento tras la defensa que hace de él el PSPV-PSOE por su «hoja de servicios brillante como», añaden, «funcionario de carrera y servidor público».
Sin embargo, es precisamente la condición de funcionario de carrera la que falla, de acuerdo con la investigación de la Agencia, en el caso de José María Ángel, y es por ello también por lo que el PP reclama su «cese fulminante» y advierte que todos sus actos administrativos, especialmente los llevados a cabo en su condición de comisionado para la Dana «podrían ser anulados».
El puesto que en la actualidad ocupa Ángel tiene, como señaló ayer la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, rango de subsecretario, lo que requiere, además de ser funcionario de carrera, tener titulación universitaria. Es además, un puesto para el que, como establece la ley en el caso de los subsecretarios, fue nombrado el pasado 10 de diciembre por el Consejo de Ministros, mediante real decreto, a propuesta del titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Se trata entonces de una designación con el visto bueno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y debe tenerse en cuenta que, según la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, «la idoneidad» de la persona en cuestión «será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo».
La ley señala ya desde el preámbulo que «un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad».
Y añade que su nombramiento se hará «entre personas idóneas» considerando como tales a «quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia». Más aún, el alto cargo debe suscribir una declaración responsable manifestando que cumple con los requisitos de idoneidad y la «veracidad de los datos suministrados» y que «dispone de la documentación que así lo acredita».
El nombramiento de los subsecretarios y secretarios generales técnicos debe hacerse, de acuerdo con la ley, «entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos clasificados en el subgrupo A1». Para acceder al cuerpo o escala A1 o A2 se exige estar en disposición del título universitario de Grado, tal y como estipula la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ayer, desde el Gobierno optaron por mantener la prudencia asegurando que desde el Ministerio de Política Territorial ya se ha pedido información a José María Ángel y que aporte los datos necesarios.
En el PSPV-PSOE creen, sin embargo, que el caso de Ángel Batalla, un histórico del socialismo valenciano que, además, fue nombrado presidente del partido en Valencia por la ministra y secretaria general de los socialistas de la comunidad, Diana Morant, es una operación interesada para ponerlo en la diana.
En el partido se niegan a pedir su destitución como comisionado del Gobierno para la reconstrucción de las zonas devastadas por la Dana. Su portavoz, Jordi Mayor, sostiene que Ángel «tiene una hoja de servicios brillante como funcionario de carrera y como servidor público» y, además, asegura que dará «explicaciones de la A a la Z» de todo lo ocurrido. Mayor sí optó por cargar contra la «filtración» de la investigación llevada a cabo por la Agencia Antifraude de Valencia de la que ha asegurado que Ángel no tenía conocimiento.
«No creo en las casualidades y menos en política», deslizó ayer el portavoz socialista. «Qué curioso que justo el 29 de julio, cuando se cumplen nueve meses de la dana, aparezca esta información que no tiene ningún tipo de contraste», afirmó antes de lamentar que la investigación por parte del organismo público del presunto diploma falso del ahora comisionado del Gobierno sea «sólo una versión».
Según Mayor, Ángel ha sido durante años «un excelente alcalde» (La Eliana, 1997-2015) y que luego se puso al mando de las Emergencias en el anterior Gobierno de Ximo Puig. «Ojalá el 29 de octubre la Comunidad Valenciana hubiera tenido a un secretario autonómico como José María Ángel», sentenció.