El Partido Popular valora los pros y los contras de plantar cara con un recurso ante el Tribunal Constitucional por la ausencia de Presupuestos en la legislatura. El PP denuncia la «anomalía democrática» que supone encarar la mitad del mandato con una segunda prórroga de unas cuentas públicas diseñadas por un Gobierno distinto al presente y aprobadas en 2023 por unas Cámaras con diferente composición a la actual. Génova ha encargado un estudio jurídico para calibrar las posibilidades de hacer frente a una situación inédita, temerosa de que la falta de imparcialidad de un TC dominado por Conde-Pumpido sentencie, y genere jurisprudencia, a favor de un aplazamiento indefinido de la obligación constitucional de presentar Presupuestos.
Para los populares el «mayor exponente» de que el país padece una situación de «democracia secuestrada» es el hecho de que el Gobierno, ante la falta de una mayoría que lo sustente, renuncie a presentar por segundo año consecutivo un proyecto de Presupuestos vulnerando la «obligación constitucional», como señala Feijóo, que se recoge en el artículo 134 de la Carta Magna: «Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos del Estado y a las Cortes, su examen, enmienda y aprobación. Los Presupuestos tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».
El deber ineludible de «presentar» las cuentas; la facultad exclusiva de las Cámaras de «examinarlas, enmendarlas y aprobarlas» o no y la posibilidad, en caso de no aprobación, de prorrogar «las del ejercicio anterior», son los argumentos que barajan los juristas y el propio PP para sustentar un posible recurso contra el Gobierno ya que al sortear su obligación está incurriendo en un «acto», el de prórroga, «con fuerza de ley», puesto que alarga arbitrariamente la vida de las cuentas públicas consideradas como la norma más importante de cada ejercicio porque sustenta el proyecto político del Gobierno.
La duda de los populares reside en el recelo que les suscita el actual Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal de general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, y dominado por una mayoría denominada progresista de la que forman parte un ex ministro de Justicia del Ejecutivo de Pedro Sánchez y una ex alto cargo de Presidencia del Gobierno.
Explican también estas fuentes que el Partido Popular puede incluir en su recurso el requerimiento expreso al Tribunal Constitucional para que, antes de emitir su pronunciamiento, eleve cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), por entender que la no presentación reiterada de Presupuestos contraviene la normativa de gobernanza presupuestaria de la propia Unión Europea.
A la presión sobre el Gobierno para que remita un proyecto de Presupuestos a las Cámaras se ha sumado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, para quien no se puede proceder a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado sin haber presentado antes un proyecto de ley de unas nuevas cuentas. En su opinión, la presentación de los Presupuestos es algo que no ofrece opción «ni desde el punto de vista legal ni desde el de supervisión». Herrero insiste pues en la obligación de remitir el proyecto a las Cámaras «aunque no estén asegurados los apoyos», algo que por otra parte sólo existe en los casos de Gobiernos con mayoría absoluta.
En el Congreso, sólo el PP por su tamaño está facultado para presentar en este caso un recurso de inconstitucionalidad pero incluso entre los aliados habituales del bloque de investidura se insiste en exigir al Gobierno la presentación de las cuentas públicas, «aunque palme», «aunque ello implique arriesgarse a ver en el aire la legislatura» e incluso «aunque suponga convocar elecciones».