El acuerdo del PP con Vox en Extremadura y Aragón supone un giro de guion de los populares en materia de inmigración que incomoda al equipo de Juanma Moreno, hasta el punto de que el presidente de la Junta ha marcado distancias con el nuevo discurso de su partido a nivel nacional para no comprometer su imagen de político moderado y centrista. «Esto es justo lo que queremos evitar», llegó a decir Moreno tras conocerse las concesiones del PP de María Guardiola a sus socios de gobierno, a los que se ha asignado una vicepresidencia y dos consejerías en el ejecutivo autonómico.
Y, aunque todos los sondeos apuntan a que Moreno tiene opciones de repetir la mayoría absoluta, el PP-A no quiere dar nada por garantizado y prefiere hablar siempre de «mayoría suficiente», que no es exactamente lo mismo, para no errar en la gestión de las expectativas. Con una «mayoría suficiente», insiste Moreno, la vocación sigue siendo la de «gobernar en solitario». El modelo a seguir, en este caso, sería el del Ayuntamiento de Sevilla, donde el popular José Luis Sanz se quedó sólo a dos concejales de la mayoría absoluta y se resistió durante año y medio a las presiones de Vox, que se empeñó en formar parte del gobierno municipal y se negó, mientras no hubiera un acuerdo al respecto, a aprobar ningún asunto relevante en el pleno municipal. De hecho, José Luis Sanz gobernó con los últimos presupuestos socialistas prorrogados hasta que, a través de una moción de confianza, consiguió sortear el chantaje de Vox y consiguió que los presupuestos para 2024 lograran una suerte de aval técnico.
Vox se dio cuenta de que su presión había sido inútil y, sobre todo, de que estaba trasladando a la ciudadanía una imagen de bloqueo que perjudicaba sus intereses. El partido que preside Santiago Abascal cambió de estrategia y se avino a negociar algunos asuntos de máximo interés para la ciudad, como las ordenanzas fiscales o la norma que regula los pisos turísticos, sin exigir -y ésa fue la novedad- una cuota de poder dentro del gobierno municipal. El giro permitió negociar también los presupuestos de 2025 en un acuerdo marco que tenía vocación de perdurar en 2026. Y así ha sido. A cambio, el PP ha hecho concesiones más o menos genéricas en asuntos en los que un ayuntamiento tiene escasas competencias, como la implantación de la zona de bajas emisiones (regulada a través de una directiva de la UE); o el control de la inmigración, que depende íntegramente del Estado.
Además, también se comprometió el gobierno de José Luis Sanz a eliminar resursos para la atención a personas sin hogar en el barrio de la Macarena, con la excusa de que había que evitar la saturación, y a crear una «oficina de atención a la maternidad», además de subvencionar a organizaciones antiabortistas. Son todas ellas concesiones al discurso de la extrema derecha pero, a ojos del PP andaluz, bastante más asumibles que las digeridas por el PP en Extremadura o Aragón. Y, sobre todo, sin tener que compartir los órganos de gobierno de la ciudad, lo que a la larga da un margen de maniobra mayor para modular todas esas concesiones.
El modelo no sería del todo extrapolable el día después de las elecciones del 17 de mayo si Moreno se queda a uno o dos diputados de la mayoría absoluta. Para empezar, porque los ayuntamientos disponen de reglas de funcionamiento diferentes. Por ejemplo, si ningún candidato consigue la mayoría absoluta para su investidura, será alcalde el candidato más votado. No hay mayorías de bloqueo, como ocurre en el Parlamento andaluz o en el Congreso de los Diputados. Eso le permitió a Sanz superar el trance de la investidura sin el apoyo expreso de Vox.
Pero el PP de José Luis Sanz supo resistir la presión sin dejarse los pelos en la gatera. Y Juanma Moreno parece buscar una fórmula parecida por si fuera necesaria.