Más de una veintena de personas, un listado con 14 asuntos en el orden del día y apenas una hora para abordarlo. Son los ingredientes que aliñan la Conferencia de Presidentes que se celebrará esta viernes en Barcelona. La Moncloa, para evitar un plante de los presidentes del PP, y obligado por el reglamento de este órgano, tuvo que ceder y aceptar debatir todos los puntos que proponían desde los territorios populares. El Gobierno trata de poner en valor su «esfuerzo» por evitar un choque institucional y lograr una foto de unidad, aunque sea fingida. En Génova celebran haber doblado el pulso al Ejecutivo: «Se ha demostrado una vez más para qué sirve la potencia autonómica del PP».
No era un brindis al sol. Había un riesgo real de que la cita de presidentes terminara en bronca, plante, boicot… En La Moncloa lo sabían. Hay antecedentes: los consejeros de Hacienda plantaron por sorpresa a la vicepresidenta Montero en el Consejo de Política Fiscal; siete comunidades con competencias transferidas de Justicia en las que gobierna el PP abandonaron la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada también en Barcelona. Aceptando los puntos que exigía el PP creen haber desarmado toda excusa de plante.
Los territorios gobernados por el PP amenazaban con ausentarse si no había un orden del día que incluyera sus exigencias. El artículo 5.2.C del reglamento de la Conferencia de Presidentes establece que «se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia de la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía». «En todo caso», y no a decisión del Gobierno nacional.
Y La Moncloa ha terminado añadiendo «hasta la última coma» de los asuntos exigidos por los populares. Temas como el control de fronteras y política migratoria: competencia exclusiva del Estado; inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario y asegurar las comunicaciones; déficit de profesionales sanitarios y financiación de la dependencia o retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, entre otros temas. «No se va a poder abordar bien todo ni decidir». Pero añaden, defendiéndose del hecho de haber tenido que aceptar las exigencias del PP: «Creemos en la institucionalidad de este órgano y cumplimos con su reglamento».
Tampoco ayuda al consenso la poca antelación con que se ha decidido el orden del día, ni que se hayan trabajado documentos previos. En un intento de ver el vaso medio lleno, en La Moncloa se felicitan de que haya, por fin, orden del día -a tres días de la cita- y que se produzca la imagen de institucionalidad, reunidos en un mismo foro. «Fingir normalidad», describen miembros del Gobierno. Pero, cuando lo piensan, vierten el vaso del optimismo. Se admite «desolación» por las malas perspectiva y se asume la dificultad, sino imposibilidad, de que haya acuerdo alguno. Además, ponen sobre la mesa otro condicionante que, creen, cortocircuita la esperanza: la cita se producirá 48 horas antes de que la mayoría de los presentes acuda a una manifestación contra Pedro Sánchez con términos como «capo» y «mafia».
El pre, el post y lo que se vivirá en la cita, con asuntos tan espinosos como la «financiación singular» de Cataluña, el llamado cupo catalán -del que el Gobierno no ha explicado cómo lo va a articular-, alejan en La Moncloa toda expectativa de que la cita sea productiva. Circunstancia que genera «desolación» entre las filas socialistas, donde siguen predicando confianza en la cogobernanza.
«Confío en que podamos salir con pasos para el futuro», dijo ayer Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y que pilota los preparativos del encuentro.
En el Ejecutivo creen que un orden del día tan extenso impide que el encuentro sea operativo. «Intentamos razonar que no tenía sentido una conferencia con tantos temas», lamentan fuentes del Gobierno. «Pero han querido introducir más temas, pues lo hacemos». Quienes están encima de la cita dan por hecho que aunque haya una estrategia común, como tratar de poner a Sánchez contra las cuerdas en temas como la financiación, la inmigración o las infraestructuras, cada presidente autonómica terminará girando hacia los temas que más importan en su territorio. O al menos eso creen en el Gobierno.