El real decreto-ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros contra los aranceles de Donald Trump lanza un salvavidas a las empresas que arrastran pérdidas desde la pandemia. Para esas compañías, la guerra comercial podría ser la puntilla y forzarlas a la «disolución». Para evitarlo, el Gobierno ha introducido en el documento la extensión de la moratoria contable que evita que las empresas tengan que tener en cuenta las pérdidas que sufrieron por el coronavirus en 2020 y 2021 de cara a calcular si deben echar el cierre.
Esta noticia, adelantada por EL MUNDO, tiene una derivada empresarial importante, ya que podría afectar a Air Nostrum, Duro Felguera o Plus Ultra. Hay que recordar que las empresas entran en causa de disolución cuando el patrimonio neto se rebaja a una cantidad inferior a la mitad del capital social. En ese momento, se activa un plazo de dos meses en que los gestores tienen que ampliar o reducir el capital de la sociedad para evitar la disolución o abocarse al fin de la compañía, un plazo que para muchas empresas empezó a correr el pasado 23 de enero, después de que el decreto ómnibus -que ya contenía esta medida- cayera el día anterior en el Congreso de los Diputados.
En el último de sus seis artículos, el borrador de real decreto incluye que, «a los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución», durante este año y 2026 «no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021». Es decir, esas empresas se salvan de la quema hasta los primeros compases de 2027, cuando el Gobierno tiene previsto que acabe la legislatura con la convocatoria de elecciones generales.
Aunque hayan pasado casi cinco años de la crisis de la pandemia, no es ésta una cuestión que afecte a apenas un puñado de empresas, ya que en muchos casos los aumentos de costes por la inflación han rebajado los márgenes de estas compañías, mientras que, en sectores como el turismo y el transporte, las pérdidas a compensar son enormes. «Son las pérdidas arrastradas de la pandemia, pero se extiende hasta 2026 la posibilidad de no computarlas por el previsible impacto de la crisis arancelaria», explican fuentes gubernamentales.
En esta situación hay, en efecto, miles de pymes, pero también algunas empresas muy grandes. Principalmente, compañías turísticas y de transporte, especialmente aquellas que fueron rescatadas por la Sepi y Cofides, lo que ha pesado en el incentivo público para prorrogar la moratoria. Entre los casos más llamativos están las dos aerolíneas citadas. Air Nostrum, que tras aplazar las devoluciones a la Sepi se vería obligada a una nueva aportación de sus accionistas o buscar un socio tras no haber compensado aún los más de 140 millones perdidos en pandemia. Y Plus Ultra, cuyo patrimonio negativo asciende a 30 millones de euros, según su último depósito de cuentas en el boletín del Registro Mercantil.
Lo que aduce el Gobierno es que la guerra comercial «sobreviene en un contexto económico que aún en diversos ámbitos se está reponiendo de los efectos que trajo consigo el Covid-19», a la que le siguió «la crisis de suministros, la guerra en Ucrania, una muy acusada subida de la inflación y de los tipos de interés, un elevado precio de combustibles y, en definitiva, un conjunto de factores que ha hecho muy difícil la completa absorción de las pérdidas que el virus trajo consigo».
Esta tormenta perfecta hace «especialmente necesario» procurar «las condiciones legales para que las empresas viables que componen nuestra economía puedan continuar su actividad», remata el decreto.