La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado de la Audiencia NacionalSantiago Pedraz que avance en nuevas líneas de investigación del caso de las cloacas de Ferraz. Entre ellas, la afecta a la Fiscalía General del Estado que dirigió el fiscal condenado por revelación de secretos, Álvaro García Ortiz; institución sobre la que Leire Díez presumió de influencia.
En un escrito remitido ayer a Pedraz, las fiscales sostienen que la presunta organización criminal que lideró el ex número 2 del PSOESantos Cerdán «habría comenzado a operar, al menos, desde el año 2021, y que habría ampliado su radio de ilícita actuación, estructurada y prolongada en el tiempo, más a allá de la contratación pública inicialmente investigada hacia la comisión de diversos delitos relacionados con la corrupción y a otros nuevos contra la administración de justicia o las instituciones del Estado». El objetivo, según Anticorrupción, era obtener «protección» y actuar «como paraguas frente a las investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y, por ende, a ellos mismos».
Junto «la finalidad de proteger al PSOE» se encontraba, «particularmente», el fin de salvaguardar al «círculo de familiares de su secretario general, frente a los procesos judiciales en los que los mismos se vieron inmersos a partir del primer trimestre de 2024». En esas fechas, el magistrado Juan Carlos Peinado decidió investigar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Uno de los objetivos de la trama fue el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas; otro el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, ambos baluartes de las investigaciones contra la corrupción socialista.
En este contexto, las fiscales instaron ayer a Pedraz a reclamar a la Fiscalía General que encabeza Teresa Peramato información sobre las reuniones mantenidas por la fontanera de Ferraz, Leire Díez, en la sede de Fortuny durante el mandato de García Ortiz.
En concreto, Anticorrupción solicitó información de las reuniones que se habrían producido entre abril de 2024 y junio de 2025 en la sede de la Fiscalía General con Díez, con el abogado del comisario Villarejo, Antonio Cabrera; con el empresario imputado Javier Pérez Dolset y también con los letrados investigados en esta causa, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Según los mensajes que fueron incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Díez, en febrero del año 2025, la fontanera le dice al abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Antonio Cabrera, lo siguiente: «Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho».
Asimismo, en el sumario consta que, días después, Díez dijo al abogado Jacobo Teijelo que iba a recibir una llamada de la Fiscalía General, aparentemente para la celebración de una reunión y que ambos acudirán a esa reunión: «Te llamarán de la FGE. Iré yo contigo».
La fontanera dio cuenta de aquella reunión a su amigo íntimo, el ex presidente de la Sepi Vicente Fernández, también imputado en la Audiencia Nacional. «Jacobo [en referencia a Jacobo Teijelo] dice que debería ir a todas las reuniones de Fiscalía porque complemento bien la parte jurídica. Si ahora hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán». Ante esto, Fernández le interpela que si «te ves con el presidente?» y Leire responde que «no, pero la reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore».
Por otra parte, en uno de los teléfonos intervenidos a Díez, consta una localización de la aplicación de navegación Waze con una ubicación en marzo de 2025 a las 15:26 horas en el número 4 de la calle Fortuny de Madrid, es decir, en la dirección de la sede de la Fiscalía General de Estado.
En su informe, donde se solicitan otras tantas diligencias, las fiscales Anticorrupción indican que «en el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar, se solicita se informe si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas».
Asimismo, la Fiscalía pidió a Pedraz citar como testigo a la presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Cristina Narbona, después de que la UCO se incautara una conversación de Leire Díez con ella donde le decía de «reconducir» los ataques al presidente, dar «ayuda cualificada» y dar la vuelta al asunto «como un calcetín». Narbona le responde a la fontanera que eso «se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día». El mismo día de la conversación fue cuando Santos Cerdán ordenó a Leire Díez desplazarse a Madrid para mantener una reunión tras la imputación de Begoña Gómez.
Por último, Anticorrupción ha solicitado que se impute en el procedimiento a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, por intentar comprar el silencio de la empresaria Carmen Pano, quien confesó haber llevado bolsas de dinero en efectivo -90.000 euros- a la sede del PSOE, en Ferraz.
Por el momento, el juez Santiago Pedraz no se ha pronunciado sobre estas peticiones aunque lo hará próximamente. El instructor sí ha solicitado ya los datos sobre las cuentas bancarias del PSOE en los años 2024 y 2025, cuando la presunta organización criminal mantuvo la actividad destinada a boicotear las causas judiciales que afectaban al partido del Gobierno, al propio Ejecutivo y a la familia del presidente, Pedro Sánchez.