«Sin duda siempre lo mejor de Vox sois vosotros, los afiliados y simpatizantes que lo dais todo con generosidad y amor a España, sin pedir nada a cambio». Es la frase con la que Javier Ortega Smith acompañó el año pasado el vídeo que publicó en redes tras la Asamblea General anual del partido. En ella participó como militante, y también como miembro del órgano de dirección. Este año, por primera vez desde que la formación celebró su cónclave inaugural en 2014, quien un día fue número dos de Santiago Abascal no podrá estar en la cita, como él mismo confirmó hace unos días.
El pasado abril, Ortega Smith quedó expulsado definitivamente del partido que ayudó a impulsar tras meses de roces internos que, en este curso, ambas partes dejaron de intentar disimular. La cúpula votó echarle de la dirección y él respondió con acusaciones sobre el funcionamiento interno de Vox. Su salida forzosa desencadenó una revuelta interna sin precedentes: a los reproches de Ortega Smith se sumó, entre otros, Iván Espinosa de los Monteros, que hasta entonces había evitado criticar públicamente la deriva del partido que abandonó en 2023. Pero nada de esto alteró la hoja de ruta de Vox, que este sábado cierra su curso político más convulso en una Asamblea que no será la que los críticos reclamaban.
Espinosa, otrora portavoz parlamentario de Vox, lanzó en marzo una campaña de firmas para presionar a Abascal a convocar un «congreso extraordinario» -«que devuelva al partido el debate político y el debate organizativo»-. En la formación descartaron de plano poner en marcha esto: «El congreso extraordinario no tiene ningún sentido en un partido que está creciendo», zanjó la sucesora de Espinosa, Pepa Millán.
El ex portavoz parlamentario lanzó la campaña de firmas con el objetivo de que el 20% de los afiliados del partido secundaran su reclamación, pues, por Estatutos, este es el porcentaje necesario para añadir asuntos en el orden del día de una Asamblea. Su objetivo era «abrir un debate real sobre el rumbo del proyecto» y discutir «ideas políticas e ideológicas». Aunque la reclamación la respaldaron quienes un día fueron dirigentes simbólicos de Vox como Ortega Smith, Rocío Monasterio, Ignacio Ansaldo -afiliado número uno- o José Ángel Antelo -ex líder en Murcia-, solo 2.567 personas firmaron la propuesta, lejos de los 6.721 que serían necesarios, según el último balance de afiliados del partido.
Así, ese debate que pedían los críticos no se producirá hoy en la Asamblea que Vox celebrará a puerta cerrada con su militancia. En ella se someterán a votación las cuentas del ejercicio de 2025 y se expondrán informes del año, según figura en el orden del día remitido a los afiliados y que ha consultado este periódico. Para añadir un asunto a esa hoja de ruta, debe pedirlo el 20% de la militancia, y es poco probable que esto suceda, pues varios de los díscolos más destacados ya no tienen carné de afiliado -Ortega y Antelo, y a Espinosa le suspendieron temporalmente-.
Así, salvo sorpresas, sin ese debate ideológico que querían los críticos, lo más reseñable del fin de curso de Vox llegará tras la Asamblea. El partido ha convocado a sus simpatizantes a un acto en el que presentará su programa sobre «desregulación», el concepto con el que hace referencia a una reducción de burocracia. Es una de las competencias que asumen sus tres recién nombrados vicepresidentes autonómicos, que tendrán especial protagonismo en la cita. Volver a gobernar, con sus políticas en la hoja de ruta de tres ejecutivos regionales, es uno de los principales logros de Vox en este curso político, y así lo quiere ensalzar hoy.