Seis años y medio después de su fuga a Bélgica para huir de la Justicia española, el ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, abandona su mansión de Waterloo e instala su residencia en la comarca francesa de Vallespir, situada a sólo 30 kilómetros de la frontera.
Con este movimiento, realizado la pasada semana y confirmado este viernes, el prófugo busca escenificar un paulatino acercamiento a Cataluña después de que en la conferencia pronunciada para ratificar su candidatura prometiera que regresaría a España si reúne los apoyos necesarios para ser investido en el Parlament en el mes de junio cuando, calcula, la ley de amnistía ya se haya aplicado y, por tanto, haya decaído la orden de detención en suelo español que pesa sobre él.
Puigdemont ya oficializó su concurrencia al 12-M desde Elna, el municipio francés en el que se escondieron las urnas del 1-O, y volverá a esta villa mañana para presentar al resto de candidatos de su lista. Tanto Elna como la comarca de Vallespir están situadas en lo que el independentismo denomina Catalunya Nord, como también lo está Perpiñán, la ciudad desde la que Puigdemont protagonizó un masivo mitin en 2020, aprovechando su recién adquirida inmunidad como europarlamentario. Ya entonces defendió que, con ese paso, había regresado a Cataluña, pese a estar pisando entonces, como ahora, suelo francés.
Dos regresos incumplidos
Puigdemont ya ha incumplido en dos ocasiones su promesa de regresar a Cataluña. Aseguró que iba a hacerlo en la campaña de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, las convocadas en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Finalmente, y pese a convertirse en el candidato separatista más votado, evitó dar el paso y trató de ser investido telemáticamente. Al impedírselo la Justicia española, acabó designando a Quim Torra como valido y lo utilizó para controlar el Govern desde Waterloo.
En la campaña de las elecciones europeas de 2019 realizó la misma promesa. Dijo entonces que, en cuanto lograra la inmunidad como parlamentario europeo, volvería a España. Pero tampoco entonces cruzó la frontera.
Puigdemont pretende desarrollar su campaña en el Sur de Francia, sopesando incluso desde hace varios días reclamar la celebración de un debate televisado desde Perpiñán, según aseguran fuentes independentistas a este diario. Esta posibilidad era conocida por ERC, de ahí que su candidato, el vigente presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, hay retado hoy a Puigdemont a un debate a tres con Salvador Illa, en el extranjero. «Estoy dispuesto a ir a cualquier parte para debatir con Puigdemont», ha dicho el republicano, que en los últimos días está dedicando especial empeño en compensar el tirón mediático del fugado.
Nerviosismo de ERC
Así se explica que en dos semanas Aragonès haya presentado su propuesta formal para el concierto económico catalán y para un eventual referéndum pactado con el Estado o que el próximo lunes tenga previsto acudir al Senado para defender la votación secesionista y la amnistía aprovechando la sesión convocada por el PP para abordar el impacto de la norma que exonerará a los separatistas.
El nerviosismo de ERC, que ahora se incrementa por el acercamiento de Puigdemont a España, también es extensivo al PSC, que ya ha descartado desplazar a su candidato fuera de Cataluña para confrontar ideas con Puigdemont en un espacio televisado. «Defendemos que se hagan debates plurales, en Cataluña y que participen la mayoría de los cabezas de lista», han alegado los socialistas, dando por hecho que Puigdemont tendrá que conformarse con una intervención telemática si quiere debatir con el socialista, eventual ganador de las elecciones catalanas según todos los sondeos.
El cambio de residencia de Puigdemont también tiene otras implicaciones, relacionadas con la seguridad. La pasada semana la Generalitat exigió de nuevo un escolta para el líder de Junts, bajo el pretexto de las elecciones autonómicas. En concreto, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, pidió por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, protección para el dirigente huido «dada especial relevancia pública», tras ser nombrado candidato de los neoconvergentes y haber anunciado que «parte de su campaña electoral se celebrará a pocos kilómetros de Cataluña».
Al estar fugado en el extranjero, la cuestión del escolta de Puigdemont depende del Ministerio del Interior, y también de Exteriores. Por tanto, es el Gobierno el que tiene que dar una orden que ERC lleva meses pidiendo para no ser acusada por Junts de no velar por la seguridad del ex presidente de la Generalitat.