La Directiva europea 2016/1978 sobre seguridad ferroviaria defiende que «el sistema de gestión de la seguridad debe garantizar que se traten las capacidades y las limitaciones del ser humano». Así, en su artículo 18, la normativa desmonta la coartada del Gobierno que, en cuanto tuvo lugar el accidente mortal de Urda, señaló al «error humano» como la principal hipótesis del siniestro, evitando subrayar las necesarias medidas técnicas para corregir posibles indicaciones equivocadas del personal ferroviario. Esta teoría gubernamental fue reforzada con la filtración de los audios del centro de control de Adif en Atocha al diario El País el mismo día en el que se produjo la colisión entre el Iryo y el AVE que acabó con 69 fallecidos.
La directiva europea también hace especial hincapié en las bondades del Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS) que todavía no estaba totalmente implantado en la línea de alta velocidad que une Madrid y Andalucía en la que tuvo lugar el accidente el pasado 28 de octubre.
Ya en el momento de su aprobación en 2016, la citada directiva comunitaria subrayaba que «el despliegue del ERTMS supone una importante contribución a la mejora de los niveles de seguridad». «Para cumplir sus deberes y responsabilidades, los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias deben aplicar un sistema de gestión de la seguridad que cumpla los requisitos de la Unión y conste de elementos comunes», añadía. La normativa europea señala que el ERTMS debe estar desarrollado de manera total para 2030 en los principales corredores de tren de la UE. Y que, en 2050, el modelo deberá estar totalmente desarrollado en el conjunto de la Unión.
Anteayer, el comisario de Transporte y Turismo de la UE, Apostolos Tzitzikostas, admitió desde Bruselas que ve «muy preocupante» que se hayan producido dos accidentes graves en la alta velocidad española en apenas nueve meses, en referencia a los siniestros de Adamuz y Urda, y urgió al despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ERTMS «lo más rápido posible en todas las líneas».
«A la luz de toda la experiencia acumulada en Europa, queda claro que, si queremos aumentar la seguridad en la red ferroviaria europea, debemos implementar el sistema ERTMS lo más rápido posible. Es la única forma de alcanzar un alto nivel de seguridad y, asimismo, la única manera de invertir realmente en el tren de alta velocidad en Europa», esgrimió tras abogar, también, por el refuerzo de los poderes de la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA, por sus siglas en inglés).
Tal y como publicó ayer este diario, los trabajadores ferroviarios españoles ya apelaron a la «intervención» de la Unión Europea para velar por la seguridad de la alta velocidad el pasado marzo, tras el accidente de Adamuz. Lo hicieron a través del sindicato Alferro, que presentó una solicitud de amparo a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) en la que puso en conocimiento de la cámara comunitaria y de la Comisión Europea «el deterioro de la seguridad ferroviaria en España, reflejado en las deficiencias estructurales de mantenimiento, prevención, control de riesgo, respuesta a avisos de seguridad, supervisión pública y protección de los trabajadores y de los viajeros».
Petición de amparo
El sindicato reclamó «la intervención de las instituciones de la Unión» con el objetivo de «que las instituciones europeas examinen si en España se está produciendo una aplicación insuficiente o defectuosa del Derecho de la Unión en materia de seguridad ferroviaria» y que «insten la adopción de medidas concretas, verificables y calendarizadas en línea con las obligaciones europeas vigentes».
En su petición, los trabajadores ferroviarios hacían mención explícita a la Directiva europea 2016/1978 sobre seguridad ferroviaria y mencionaban que esta normativa «establece el marco europeo de seguridad ferroviaria, los deberes de las empresas ferroviarias y administradores de infraestructuras, el papel de las autoridades nacionales de seguridad y el sistema de investigación y aprendizaje tras accidentes e incidentes». Es en ella en la que se indica que «el sistema de gestión de la seguridad debe garantizar que se traten las capacidades y las limitaciones del ser humano».