Se está frustrando la expectativa del PSOE sobre que el adelantamiento electoral serviría para frenar causas judiciales hasta el 29 de noviembre. El frente judicial alcanzó este miércoles a seis altos cargos del Estado en ejercicio que tendrán que testificar por el rescate de Air Europa seis días antes de las elecciones. Es una muestra de que hay magistrados reacios a paralizar instrucciones por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de anticipar comicios.
El veterano magistrado José María Escribano ha decidido citar como testigos a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, a su subsecretario Miguel González Suela y al actual director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, por el rescate de hasta 475 millones a Air Europa en 2020.
Todos ellos participaron en reuniones o conversaciones relativas a esta operación en la que el juez investiga prevaricación. El PP mantiene una querella tras conocerse el presunto pago al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de un mordida por parte de Víctor de Aldama, que trabajaba entonces para la aerolínea.
Aagesen era miembro permanente del Consejo Gestor que aprobaba los rescates y se ha visto también salpicada por el caso Plus Ultra y el de Tubos Reunidos. Ella sostiene que autorizaba las operaciones en base a los informes técnicos.
De la Rocha, por su parte, participó en las reuniones decisivas para aprobar este rescate de forma inhabitual, como desveló este diario el 27 de abril de 2025. Su presencia mostró el interés de Moncloa en esta operación, que fue la primera de las autorizadas bajo el paraguas del llamado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
También ha sido citada la actual presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio. De la Cueva era la secretaria de Estado de Economía en la época y formó parte como titular del Ministerio en las reuniones del Consejo Gestor que aprobaba los rescates. San Basilio estaba entonces a sus órdenes como secretario general del Tesoro y, según el acta a la que ha tenido este diario, sustituyó a De la Cueva en la reunión en que este organismo del Gobierno decidió nombramientos en Air Europa tras la concesión de la ayuda. San Basilio, que ejerce actualmente un papel de guardián de los mercados fundamental para los inversores internacionales, tendrá que comparecer el día 24 de noviembre.
Un destacado testigo llamado a comparecer es el actual presidente de Correos, Pedro Saura. Su tarea en 2020 era la de secretario de Estado de Infraestructuras en el Ministerio de Ábalos y, según las actas, fueron él y De la Rocha los que defendieron el rescate ante el resto del Consejo Gestor. «Moncloa y Transportes explicaron la importancia de la concesión de la ayuda a Air Europa y nadie expresó ninguna duda. Se aprobó por unanimidad», asegura a este diario uno de los afectados. Las actas corroboran que no hubo apenas debate al otorgar 475 millones a la aerolínea en la reunión del 29 de octubre.
Completan la relación de testigos llamados por el juez la que fuera subsecretaria de Hacienda en la etapa de María Jesús Montero, Pilar Paneque y el entonces secretario general de Industria, Raül Blanco. Ambos eran titulares del Consejo Gestor. También deberá comparecer el que ejercía como secretario, Francisco Javier Loriente.
El responsable de Participadas en la Sepi encargado de las ayudas a las aerolíneas en la época, José Ángel Partearroyo, es otro de los testigos. El único imputado hasta la fecha por el juez es el actual vicepresidente de la Sepi y entonces presidente en funciones, Bartolomé Lora, que ha negado ilegalidad en el proceso.
La sorpresa entre los llamados a declarar como testigos entre los días 23 y 24 de noviembre es el ex portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón. Éste firmó junto a Inés Sabanés el 6 de noviembre de 2020 una crítica a la ayuda a Air Europa. «Entre las condiciones asumidas por la compañía aérea para obtener dicha ayuda, no hay ninguna de carácter climático o ambiental. Este hecho incumple de manera clamorosa las conclusiones del Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, aprobado a su vez en el pleno del Congreso de los diputados el 29 de Julio. En concreto, el punto 3 del Grupo de Trabajo de Reactivación Económica, donde se explicita que «cualquier ayuda o préstamos irá vinculado a condiciones ecológicas, sociales, y económicas justas y sostenibles. Las empresas que perciban ayudas públicas deberán cumplir o comprometerse a cumplir el Acuerdo Climático de París, comprometerse con la protección de la biodiversidad, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como no operar en paraísos fiscales», reprochó Errejón. «A este respecto, el sector aéreo es uno de los mayores sectores al calentamiento global de manera clara, representando un 3,5 % del impacto medioambiental, pudiendo suponer el 22% de las emisiones globales para 2050 convirtiéndose en uno de los principales fuentes de efecto invernadero», agregó.
El juez quiere pulsar la información que tuvo Errejón, que era entonces apoyo e interlocutor habitual de Moncloa en negociaciones parlamentarias. Los testigos, a diferencia de los investigados, tienen obligación de decir verdad y responder preguntas a todas las partes.
El recorrido judicial del caso es incierto al ser práctica común en la Unión Europea que se salvaran a aerolíneas en 2020 por la amenaza de quiebra en pandemia. Tanto el Gobierno como Air Europa apuestan por el archivo. Han negado irregularidades y han subrayado que esta operación fue supervisada por, entre otros organismos, el Tribunal de Cuentas. Éste señaló, no obstante, que en el rescate de Air Europa hubo particularidades como la presencia de De la Rocha en las reuniones decisorias con «voz y voto».
El Tribunal elaboró una comparativa que arrojaba que la inyección en Air Europa fue la más rápida de cuantas se concedieron entonces. Se aprobó tras un trámite de 70 días, cinco veces más rápido que la media de tramitación del resto, que llegó a ser 355 días. Superó en rapidez incluso a Duro Felguera y Plus Ultra, que son las que forman el podio de la velocidad en el fondo estatal.
Al Tribunal de Cuentas le llamó la atención también el veloz trabajo de los asesores financiero y legal contratados por la Sepi para valorar si Air Europa cumplía los criterios: 20 días cuando la media fue de 158.
El que actuó como asesor financiero del Estado, PriceWaterhouseCoopers, -cobró sólo un céntimo por evaluar la viabilidad y capacidad de Air Europa de devolver el dinero.
La aerolínea de la familia Hidalgo figura entre las que sí han devuelto el rescate tras dar entrada en su capital el pasado año a Turkish Airlines.
Según las actas, Saura y De la Rocha explicaron la importancia estratégica de la compañía para España y que debía resistir el Covid para fusionarse con Iberia y formar una gran aerolínea con sede nacional. Esa integración fue finalmente desechada tras las duras condiciones impuestas por la Comisión Europea.