El Gobierno, necesitado de buenas noticias, escenificó ayer con un aplauso entusiasta el rechazo a una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que suprimía la fecha prevista de cierre de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes y abría una vía para que pudieran prolongar su vida útil.
La alegría del Ejecutivo fue mayor porque fue Junts, el partido que ha anunciado su ruptura con el Gobierno poniendo en solfa la legislatura, el que con la abstención de sus siete diputados, inclinó finalmente la balanza a su favor. La enmienda que abría el camino a la prolongación de la vida de las nucleares decayó por 172 votos -PSOE, Sumar y los socios de investidura- frente a 171 -PP, Vox y UPN- y siete abstenciones.
Sin embargo, y aunque el Gobierno acogió con alborozo el resultado de la votación, lo cierto es que la foto del triunfo esconde un regalo amargo que envenena la campaña de los socialistas en las elecciones de Extremadura previstas para el próximo 21 de diciembre.
La enmienda había sido aprobada en el Senado con el voto de la mayoría absoluta del PP y, cuando todo el mundo daba por hecho que sería ratificada en el Congreso con el respaldo de los neoconvergentes, saltó la sorpresa.
La de ayer no ha sido la primera vez que se pone de manifiesto el rechazo del PSOE a la continuidad de las centrales nucleares pero, en esta ocasión, su postura choca de frente y en plena precampaña electoral con el apoyo masivo que dan los extremeños, incluidos todos sus dirigentes socialistas, a que la central de Almaraz, la mayor industria de Extremadura, pueda prolongar su vida útil manteniendo así los 4.000 empleos que genera en la comarca cacereña de Campo Arañuelo.
El resultado de la votación en el Congreso se convirtió inmediatamente en una baza electoral en manos del PP de Extremadura para golpear al PSOE. Así, la presidenta en funciones y candidata de los populares, María Guardiola, apenas tardó unos minutos en calificar el voto de los socialistas en contra de prolongar la vida de las nucleares, de «traición a Extremadura», un mensaje muy contundente frente al que poco puede hacer la afirmación de su adversario, el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, asegurando que Almaraz no se cerrará .
La central de Almaraz-Trillo tiene prevista su fecha de cierre el 1 de noviembre de 2027 para la unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la unidad II. La enmienda del PP que ayer fue rechazada permitía a los titulares de la planta –Iberdrola, Endesa y Naturgy– solicitar con al menos 18 meses de antelación a dichas fechas una nueva autorización al Ministerio de Transición Ecológica. La vía abierta por la enmienda estaría pues garantizada por ley.
Ahora, la única posibilidad que tiene Almaraz de ver prorrogada su vida útil pasa por que el Consejo de Seguridad Nuclear admita -ya sin el respaldo de lo aprobado por ley- la solicitud oficial de prórroga hasta el 30 de junio de 2030 que presentaron hace dos semanas las empresas propietarias.
La abstención de Junts fue clave para tumbar la enmienda y su decisión también puede resultarles gravosa, habida cuenta de que casi el 60% de la energía que consume Cataluña procede de las plantas de Ascó en Tarragona y de que las asociaciones empresariales y la industria catalana apuestan firmemente por prolongar la vida de las nucleares.
Para tratar de calmar el impacto de su abstención, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió al Gobierno y al PSOE de caer en la tentación de pensar que han logrado una «victoria» porque no ha prosperado la enmienda del PP. Si lo hacen, afirmó, «más grande será la derrota». Las palabras de la diputada independentista aluden al convencimiento de Junts de que la enmienda de los populares «no soluciona el problema» de Cataluña, algo que corresponde «a los Gobiernos de Pedro Sánchez y de Salvador Illa».
Junts mantiene que ambos -y principalmente el Ejecutivo del PSC- serán responsables del cierre de las nucleares que aportan la energía a Cataluña y del encarecimiento del precio de la electricidad que ello supondrá para los consumidores. La planta de Ascó I tiene fecha de cierre el 1 de octubre de 2030 y Ascó II, el 1 de octubre de 2031.
La votación del Congreso tumbando la enmienda que planteaba anular las fechas de cierre de las nucleares también cosechó una reacción inmediata de la Generalitat Valenciana puesto que afecta a la central de Cofrentes cuyo desmantelamiento está previsto para 2030.
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, calificó el voto en contra del PSOE y los diputados de Compromís a la enmienda, de «traición» y «golpe a la soberanía energética» de la Comunidad. La decisión afectará a miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
El portavoz de Industria del PP, Salvador Aguilella,lamentó por su parte que España sea «el único país del mundo que, teniendo nucleares a mitad de su vida útil, decide cerrarlas sin alternativa viable».