La carta abierta publicada por Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón en El Ventorro el día de la dana, no sólo ha vuelto a golpear los cimientos del Palau de la Generalitat. El documento ha servido a la jueza de Catarroja que investiga la tragedia para volver a colocar el foco sobre el presidente valenciano, que había logrado apartarse del escenario judicial una vez dejó claro que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20.28 horas del 29 de octubre. Es decir, 17 minutos después del envío del ES-Alert sobre el que pivota toda la instrucción.
De hecho, la imposibilidad de citar como imputado al presidente de la Generalitat por su aforamiento había llevado a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra a rechazar la citación como testigo de Vilaplana. Precisamente porque su declaración se centraría inevitablemente en la actuación de Mazón aquel día. Tras la publicación de la carta, sin embargo, la jueza ha decidido aceptar la petición de Podemos -personado como acusación popular- para incorporarla como documental.
La lupa judicial, por tanto, vuelve a colocarse sobre Mazón, cuya salida del restaurante se demoró hasta las 18.30 o 18.45 horas, según la nueva versión de la periodista ante la que la Generalitat guarda silencio. La jueza admite en un auto hecho público este jueves que la aportación de la carta «incide en una serie de elementos que afectarían no sólo a la toma de decisiones en el Cecopi por los investigados, sino igualmente a la participación que pudiera haber tenido en las mismas el presidente».
En su auto, la jueza sostiene que la carta aborda «el periodo de tiempo que pasó en un restaurante» el presidente de la Generalitat, así como las «comunicaciones telefónicas» que Mazón «tuvo con otras personas durante la tarde del 29 de octubre de 2024 mientras se encontraba en un restaurante». De hecho, la primera conversación que mantienen Mazón y la entonces consejera responsable de emergencias Salomé Pradas -hoy imputada- es a las 17.37 horas. Pero la jueza va más allá al recoger en su auto «el hecho de que, según la carta, el presidente no demostrara ninguna inquietud tras las llamadas y continuara en el restaurante».
Ahora bien, la jueza deja claro que «ha de distinguirse de manera clara entre una carta abierta y una ulterior ratificación en sede judicial de las manifestaciones que se contienen en la misma o de otras que pudiera verter como testigo» Vilaplana. «Dicha declaración se trataría de un acto directo de investigación del propio presidente de la Generalitat», por lo cual vuelve a descartar la declaración de la periodista y ofrece una vez más a Mazón declarar de forma voluntaria.
No sólo eso, pues también cita como testigo por primera vez a un miembro del actual Consell de Mazón. Más allá de los funcionarios de perfil técnico que acudirán como testigos, los únicos cargos políticos señalados como investigados son Salomé Pradas y Emilio Argüeso, quienes sin embargo cesaron en sus puestos como consejera y secretario autonómico de Emergencias, respectivamente. Será la actual vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, quien tenga que acudir al juzgado como testigo y a decir, en consecuencia, la verdad. La declaración de la número dos de Mazón la pidió Ciudadanos porque se conectó al Cecopi antes de irse a unos premios.