El Gobierno de Ceuta ha formalizado este jueves la solicitud de declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la ciudad autónoma. Es el primer gobierno del PP en hacer efectiva esta petición. Canarias (presidida por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, y con presencia del PP en el Gobierno) también lo ha solicitado y Baleares ha anunciado su intención de hacerlo.
La Consejería de Presidencia y Gobernación del Ejecutivo liderado por Juan Vivas (PP), con las competencias del área de Menores, ha remitido la petición a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La Ciudad Autónoma ha cumplimentado así el trámite indispensable para el traslado a otras comunidades autónomas del país de los menores extranjeros no acompañados acogidos en sus recursos, que se encuentran saturados desde hace meses.
Ceuta asiste a día de hoy a unos 520 menores, pese a contar con 27 plazas ordinarias, que pueden ampliarse a 132.
La declaración de contingencia migratoria extraordinaria puede solicitarse cuando un territorio verifique que el número de menores acogidos triplica el de las plazas que determinan su capacidad ordinaria.
El real decreto 743/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado martes, fija la capacidad ordinaria de cada uno de los sistemas de protección y tutela de menores de las distintas comunidades.
Una vez declarada la situación de contingencia migratoria, se activará el protocolo de traslados desde estos territorios a otras CCAA.
Canarias y Melilla
Precisamente este jueves ha entrado en vigor el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías y que ayer publicó el BOE. El decreto permite que eche a andar la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Así, las comunidades o ciudades autónomas que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria podrán pedir la situación de contingencia migratoria para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.
La solicitud tendrá que ser aprobada por el Ministerio de Juventud e Infancia.
Ayer miércoles Canarias ya adelantó que declarará la contingencia migratoria. De hecho, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha firmado la petición al Ministerio.
Mientras, la consejera de Políticas Sociales de Melilla, Randa Mohamed, también lo anunció y explicó que la ciudad autónoma, que dispone de 28 plazas para menores migrantes, deberá asumir «hasta tres veces su capacidad ordinaria» de acogida, alcanzando las 84 plazas, que se considera ya «sobreocupación».
Ha explicado que Melilla acoge actualmente un total de 175 menores migrantes, lo que refleja «la enorme presión migratoria que sufrimos y que sufre este sistema de protección local».
Baleares lo estudia ante la llegada masiva
Aunque según la normativa, que tiene en cuenta el número de menores tutelados que había a 31 de marzo, Baleares no podría solicitar la declaración, la Abogacía de las Islas estudia la fórmula para poder hacerlo y no tener que recibir a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla para poder centrarse en la atención de los cerca de 700 que tiene a día de hoy.
La intención del Govern, según adelantó ayer su presidenta, Marga Prohens, es presentar esta declaración porque los Consells insulares, competentes en la atención de menores, soportan una sobreocupación de un 1.000 %.
Según el decreto del Gobierno, para poder pedir la contingencia migratoria, la comunidad debe triplicar su capacidad de acogida, que en el caso de Baleares es de 406 menores, según estableció el Ministerio de Juventud e Infancia el pasado 31 de marzo para regular las condiciones del reparto. A Baleares le correspondería acoger a otros 49 niños, según el decreto.
Oposición del PP y de Castilla-La Mancha
Este último decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, y que se aprobará anualmente.
Este ratio se calcula dividiendo la población total de cada comunidad y ciudad autónoma a 31 de diciembre, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español.
Según la fórmula aprobada, Andalucía, con 2.827 plazas; Cataluña, con 2.650; y Madrid, con 2.325, son las comunidades que deben tener mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).
A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.
El destino de los menores serán comunidades con menos saturación. Los traslados se distribuirán teniendo en cuenta otros parámetros como la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza.
En la práctica, la regulación aprobada por el Consejo de Ministros implica que ni Cataluña ni el País Vasco estarían obligadas a acoger actualmente a más niños ni jóvenes extranjeros por el esfuerzo que han realizado al respecto hasta la fecha.
Según el cálculo realizado por el Gobierno en julio, las regiones que más jóvenes tendrán que acoger serán Andalucía (677), Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571).
El sistema de reubicación de los menores cuenta con la oposición del PP y de las comunidades en las que gobierna, además de Castilla-La Mancha, dirigida por el PSOE.
Crece el choque Gobierno-PP
El choque entre el Gobierno y el PP se ha recrudecido una vez que el Gobierno amenaza con que los barones que no acepten la llegada de los menores tendrán que vérselas con la Fiscalía y con la Policía.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha avisado que si alguna comunidad autónoma impide el traslado de menores migrantes el Gobierno «activará los mecanismos pertinentes» y Fiscalía de Menores «haría que se cumpla la ley», aunque ha expresado su confianza en que no haya oposición.
«No nos cabe en la cabeza que los presidentes no vayan a cumplir la ley, estamos seguros de que lo van a hacer, pero si una comunidad no responde, eso se traslada a la Fiscalía y se activan los mecanismos pertinentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha indicado el ministro en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
Estas declaraciones ha provocado la respuesta del PP, que ha advertido de que no va a aceptar «ningún tipo de chantajes y amenazas». La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha considerado «impropio» que un ministro utilice ese «lenguaje» y ha recalcado que el Ejecutivo no puede darles ni «media lección».
Asimismo, ha señalado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están en el ámbito de la política migratoria para «actuar» pero en el control de las fronteras y luchar contra las mafias ilegales «y no para amenazar a los gobiernos autonómicos del PP que nunca han dejado de cumplir con su responsabilidad».
El PP denuncia que Cataluña y País Vasco no tengan que acoger inmigrantes y lo presenta como una consecuencia de los tratos de los partidos independentistas con la estabilidad parlamentaria del Gobierno en el Congreso. Así, Fúnez ha criticado que Sánchez utilice a los menores como «moneda de cambio» por sus votos.
Desde fuera, la dirigente de Podemos Irene Montero ha achacado las posiciones del PP a que los menores «son negros» y que por eso montan el «escándalo». Su tesis es que los populares están «compitiendo en racismo con Vox».