El 13 de enero de 2020, una plancha de acero salió despedida de la deflagración en una industria petroquímica de Tarragona, recorrió tres kilómetros en línea recta, y entró como un misil en la vivienda de un frutero del barrio de Torreforta. La chapa, en realidad un pedazo de un reactor que podría ser ilegal -aún está pendiente el juicio a la empresa, Iqoxe-, no medía más de 1,65 por 1,20 metros, pero su velocidad y masa fueron suficientes para que destrozara el techo de la vivienda, que cayó sobre Sergio Millán y lo mató.
El 29 de abril pasado, con toda España sin electricidad por motivos aún no aclarados, a Francisco, ex juez de paz de Taboadela (Ourense) de 81 años, se le apagó el respirador que proporcionaba oxígeno a sus pulmones. Menos mal que en el sótano de la vivienda que compartía con su mujer, de 77 años, y su hijo discapacitado, de 59, tenían un generador.
Horas después, tras comprobar una trabajadora social del Ayuntamiento que nadie respondía a las llamadas en la casa, cuyos tres moradores sufrían algún grado de dependencia, la Policía abrió la puerta a hachazos. Estaban muertos, intoxicados por monóxido de carbono.
El 29 de octubre de 2024, el artista fallero Josué Beitia se encontraba en su taller de Benetússer (Valencia), tallando una de sus famosas fallas, con las que por cierto ese mismo año había ganado el concurso de L’ Antiga, el más importante de la capital valenciana.
Allí ni siquiera llovió, pero cuando la riada que devino en dana empezó a llegar al tobillo, Beitia se pasó a la casa de enfrente. Poco después sus fallas flotaban por la calle y en los días posteriores, para llegar a su trabajo desde su casa en Paiporta, en un paisaje totalmente Mad Max, Beitia cruzaba por un parque en el que «la gente se hacía fotos con un cadáver».
En los últimos días, los incendios forestales se han cobrado la vida de tres personas. Algunos siguen descontrolados y al periodo de riesgo extremo aún le quedan varias semanas.
Emergencias con víctimas mortales
España tiene «mucho que hacer todavía» en el ámbito de las alertas de emergencias, explica a EL MUNDO Blas Castrillo, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias, y jefe de extinción de incendios y salvamento de la Diputación de León: «Hay normas básicas de Protección Civil, pero luego cada comunidad, al final, hace lo que quiere. Existe un problema importante de coordinación. También es un problema de madurez política. No puede ser que las administraciones se echen la culpa entre ellas, que se pasen el marrón. Todas tienen su parte, pero es verdad que responsabilidad, como tiene que ser, va hacia arriba, hacia el Gobierno central».
Como en casi todo en este país, la degradación política acaba en la médula del debate, tal y como lo explica Castrillo, uno de los observadores imparciales en un ámbito, el de la Protección Civil, en que no es fácil hallar quien quiera hablar on the record: «Al final, lo que te encuentras son comunidades que no quieren declarar el nivel 3 y delegar las competencias en el Estado, para no dejar en evidencia sus incapacidades. En otras comunidades, por ejemplo Cataluña, tienes en las mismas a los independentistas, pero por otros motivos: lo que no quieren es que el Gobierno les mande a la UME, porque es meter allí al Ejército. Al final todo cambió en el apagón, eso es cierto, porque muchas comunidades declararon el nivel 3 [Madrid, Valencia y Andalucía, entre las ocho que lo pidieron], pero todo esto está por racionalizarse, porque no puede funcionar así».
Castrillo, que dedica su vida a planificar en un país poco dado a la planificación, pone en palabras el meollo del problema cuando de la toma de decisiones política se trata: «Lo que no puede ser es que cada problema que tengamos acabe en un ‘entre todos la mataron y ella sola se murió‘. Mientras esto esté en manos de la política, todo seguirá yendo mal y al final el que sufre es el ciudadano».
El elefante en medio del debate es obviamente lo que sucedió (y lo que no sucedió) en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la Generalitat Valenciana el 29 de octubre, durante la dana. Recapitulemos. El órgano se convocó hacia las 17.00 horas, cuando Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar llevaban desde por la mañana alertando de la que venía. Entre las 18.00 y las 19.00 hubo un parón, mientras el agua se convertía primero en un torrente y luego en tres ríos Tajo donde unas horas antes no había una gota.
Hacia las 19.00 horas, cuando según el sumario de la causa que se sigue en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja morían los primeros de los 228 fallecidos, la reunión se reactivó. Pero aún pasó más de una hora hasta que se envió el mensaje ES-Alert a la población. Sucedió a las 20.11 horas, con decenas de cadáveres y coches flotando ya por los 72 municipios afectados. Mención especial para el presidente valenciano, Carlos Mazón, que no apareció por el comité de crisis hasta las 20.28 horas, 17 minutos después de enviada la alarma, de la cual él era el máximo responsable autonómico. Hasta donde se sabe, estuvo comiendo y de sobremesa con una periodista.
Sin embargo, y aún con la responsabilidad autonómica sobre la mesa, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, de 2015, deja clara en su preámbulo la «reciprocidad» entre comunidades y Gobierno central en situaciones de emergencia. «El Estado, al igual que los demás poderes públicos, está llamado a ofrecer a cualquier persona previsión y amparo ante las catástrofes de todo tipo«, destaca.
Dicha ley faculta al Ministerio del Interior a actuar «bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas». E incluso el Constitucional aclaró en 2017, a petición de Cataluña, que estas competencias «son concurrentes y no exclusivas de las comunidades autónomas«. Es decir, como señalan no pocas fuentes: el Gobierno central debería haber actuado. Pero Interior, dicen fuentes internas de Protección Civil a EL MUNDO, ni siquiera activó el Plan Estatal de Emergencias, cuyo consejo de dirección no llegó a reunirse.
Tampoco el Plan Estatal de Inundaciones, igualmente responsabilidad de Interior. Sí se reunió, curiosamente, el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil, que preside el ministro del Interior… pero cuatro días después de la catástrofe.
Todo este argumentario, que circula entre mandos intermedios de Protección Civil disconformes con la (no) actuación del Gobierno central en la dana, apunta obviamente al cálculo oportunista que en las emergencias rivaliza, entre los mandos políticos, con sus principales responsabilidades. «Luego está el problema de los medios, que es central en todo esto», dice Rafael Moro, vicepresidente de la Asociación Española de Lucha Contra el Fuego, y jefe de Bomberos. De nuevo, la fragmentación autonómica juega un papel: «Dependiendo de la zona, los recursos y las capacidades son muy diferentes. Por ejemplo, ante un incendio en Madrid siempre tienes siete u ocho unidades de bomberos listas. Pero si ocurre en las provincias limítrofes, lo que tienes son ocho bomberos en toda la provincia«.
Pone un ejemplo: Ávila, con un 68% de masa forestal, muy por encima de la media española, de 55%. «Sólo hay regularmente ocho bomberos disponibles para toda la provincia, algunos de los cuales son bomberos de Madrid que tendrían que desplazarse allí, y que dependiendo de dónde sea el fuego tardarían hasta hora y media en llegar. Luego, cuando los bomberos llegan, y te lo digo por experiencia, tienen dos incendios: el del fuego, y la bronca de los vecinos, que tienen toda la razón».
Moro apunta a un concepto -otra de las patas de este complejo asunto- también por trabajarse: el de autoprotección. «Hay que tener en cuenta que el ciudadano tiene capacidades que desconoce para hacer frente a situaciones de emergencia, y debe ser el primero en movilizarse«. Para ello cita una frase del actual consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo: «Dijo que el ciudadano debe actuar pensando que las asistencias no van a llegar nunca, aunque obviamente sí que vayan a llegar».
Toca mirarse en un espejo en el que quizás no nos vemos muy guapos: el de Suecia. En el país escandinavo, el de mayor cultura de participación ciudadana en la protección civil de Europa, una guía llamada Om krisen eller kriget kommer (Si viene la guerra o la crisis) es la biblia que dirige las operaciones individuales y comunales en caso de apagones, guerras, pandemias, ataques cibernéticos o desastres naturales. Cada ciudadano debe tener 72 horas de autonomía básica sin ayuda estatal. En los colegios se enseña a los críos estos conceptos, en los vecindarios se organizan simulacros, se tejen redes entre asociaciones e incluso familias para actuar cuando suceden los imprevistos. Existe una Agencia de Contingencias Civiles que vertebra a miles de voluntarios listos para actuar.
«Es que hay una frase clásica», dice Moro, «que dice que un fuego pequeño se apaga con los pies, pero si se deja crecer no lo apagan ni ríos. Y cuando es pequeño, sólo puede actuar quien está presente. Yo por ejemplo vivo en un pueblo madrileño, Becerril de la Sierra, de 6.500 habitantes, que alberga a un total de 18 bomberos. Si nos organizas, ahí tienes una fuerza de intervención básica enorme. Entre trabajadores del Samur y del Summa, hay otros treinta y tantos. Hay que tener en cuenta que en cualquier nivel de emergencia el alcalde puede obligar a la gente a realizar tareas según la Ley Nacional de Protección Civil, y algo así puede ser esencial para millones que no viven en ciudades grandes. Sin embargo, la realidad es que España está aún muy atrás en todo esto».
Pocos días antes del gran apagón, Moro participó «en unas jornadas sobre tormentas solares y sus posibles consecuencias, la primera de las cuales es un corte eléctrico de grandes dimensiones». «Ahí conté, y a la gente le pareció extraño, que por ejemplo una de las cosas que se puede hacer es organizar preventivamente a los clubes ciclistas, o a los ecuestres, para llevar información a los ciudadanos en caso de que otros medios no estén disponibles. También se podrían recuperar sistemas que funcionaban antiguamente, por ejemplo las campanadas de las iglesias que llamaban a la población a unirse».
A nivel de alertas, España tiene mucho camino por recorrer. Este diario contó hace meses cómo siete comunidades autónomas intentaron enviar mensajes ES-Alert durante el gran apagón, y no pudieron porque los propios grupos electrógenos de la sede central de Protección Civil en la calle Quintiliano de Madrid se quedaron sin gasolina. Nadie había realizado el mantenimiento. En casa del herrero, cuchillo de palo. Ahí se ubica la sede del Centro Nacional de Emergencias, que según fuentes de la propia Protección Civil «se cae a cachos«.
No es sólo ya que los responsables autonómicos no tengan claro en algunos casos cómo usar ES-Alert, que es una obligación impuesta por la UE -EL MUNDO contó también cómo responsables valencianos pidieron extraoficialmente a los madrileños un mensaje tipo en plena dana-. Es que los medios, y la inversión, es «prácticamente nula«, dice una fuente del sector que prefiere no identificarse «para poder contar las cosas como son». ¿Y cómo son? «Aquí sólo se invierte en la UME, los políticos lo que quieren es mandar a la UME donde sea y capitalizar el despliegue, siempre que puedan sacar de ello rédito político y la cosa no se les vuelva en contra» -antes hablábamos de Suecia: todos los observadores destacan la enorme «lealtad institucional» entre las autoridades del país-. «En realidad en esto de las emergencias está casi todo por hacerse, lo que más se ha trabajado es promover el ES-Alert, y realizar algunos simulacros, curiosamente alguno de los primeros se hizo en Valencia, y luego mira para qué sirvió: para nada».
Tampoco ayudó, ciertamente, que el primer ES-Alert enviado en Madrid, el 3 de septiembre de 2023, sorprendió a millones de personas para quedar la emergencia en la capital en prácticamente nada -ni llovió-, aunque al final murieron cinco personas en poblaciones de Madrid y Toledo.
«No se ha hecho nada tampoco a nivel de información pública«, sigue esta fuente. «Sánchez dijo, tras la dana, que se haría comunicación en colegios, pero no se ha hecho nada. Sólo lucen los bomberos, lo demás da igual. La institución de turno te cuenta que han colgado en sus redes esto y aquello, que han advertido a la gente. ¿A quién, a los cuatro de Twitter…? Al final el único sitio donde está realmente bien organizado esto en toda España es en Tarragona, donde está la industria petroquímica, con sirenas instaladas, protocolos para la población, etc.».
Y volvemos a la chapa volando tres kilómetros para acabar con la vida del frutero Sergio Millán el 13 de enero de 2020 en Tarragona. Aquel día, la deflagración fue tal que temblaron los cristales de varios pueblos en kilómetros a la redonda, y miles de personas fueron confinadas en sus casas hasta la noche, pero «no se han activado las sirenas de emergencia«, se quejó el alcalde de La Canonja, uno de estos pueblos.
Desde entonces se activaron nuevas medidas en el Plan de Emergencia Externo del Sector Químico de Tarragona, que cubre en la zona a 29 municipios y 52 instalaciones, y que se dirige desde el Cat112 de Reus. Se estableció, por ejemplo, un sistema de tres toques de sirena y silencios durante dos minutos para advertir a la población de la necesidad de confinarse, y se realizaron tres simulacros en Morell, Pobla de Mafumet y Constantí. Se realizaron auditorías externas. Se conminó a vecinos y asociaciones a organizarse. «Ese es el camino«, insisten desde Protección Civil.