El rechazo de la Comisión Europea a la «autoamnistía», que es como la propia UE ha bautizado a la llamada Ley para la normalización institucional, política y social en Cataluña, supone un nuevo freno por parte de Europa a los intentos de Pedro Sánchez por contentar al independentismo. En apenas unas semanas, el Ejecutivo ha recibido una sucesión de reveses que evidencian, por una parte, que desde la capital comunitaria no se ve con buenos ojos esas concesiones; y, por otro, que el presidente del Gobierno ha perdido buena parte del crédito europeo del que gozó en el pasado.
Una mezcla de ambas cosas es la oficialidad del catalán en la UE, cuestión en la que Sánchez se ha involucrado «personalmente» y por la que la presión que el Gobierno ha ejercido en las capitales comunitarias ha sido muy notable. Rozando la intimidación, en algunos casos. «Se tendrá en cuenta cualquier falta de solidaridad«, trasladaron desde el Ejecutivo a los países que mostraron dudas antes de la votación del pasado 27 de mayo, tal como confirmaron a este periódico fuentes diplomáticas.
Todo ello, sin embargo, no fue suficiente para vencer la clara resistencia de, al menos, siete países, incluidos Alemania e Italia. El Ejecutivo aseguró tras el fracaso que tratarían de llevar la cuestión al siguiente Consejo de Asuntos Generales (CAG), que es el que se celebra a finales de este mes. Pero el plazo para incluir el punto en la agenda ha vencido ya, y ahora España debería solicitar una votación y obtener unanimidad solo para poder añadir la cuestión al orden del día. El Gobierno mantiene que si no es en este CAG lo volverá a intentar en el siguiente. Pero la realidad es que es muy complicado que saque adelante una de las promesas que le hizo a Carles Puigdemont y de la que Junts sigue viviendo.
La injerencia del Ejecutivo en la OPA entre BBVA y Banco Sabadell tampoco gusta en Bruselas. O, al menos, a la comisaria de Servicios Financieros, María Luis Alburquerque, que es la responsable de supervisar la posible operación. La vicepresidenta de Competencia y ex vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, se ha mostrado más cauta e incluso ha afirmado que no se deben comentar procesos en marcha en lo que pareció un mensaje a su compañera de Colegio de Comisarios.
Pero Alburquerque lo tiene claro y, a través de Olof Gill, su portavoz y uno de los más conocidos en la burbuja bruselense, afirmó que «no hay base para detener una operación de acuerdo a una decisión discrecional del gobierno de un Estado miembro». Y esa «decisión discrecional» apunta claramente a los motivos políticos por los que el Ejecutivo quiere frenar la OPA: que el independentismo se lo exige ya que considera que una absorción de Sabadell por parte de BBVA supondría una pérdida para lo que consideran la nación catalana.
«No conocemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alineara con las decisiones de las autoridades competentes», añadieron fuentes de la Comisión Europea, dejando bien claro que el Gobierno no debe entrometerse en la operación.
Y esta semana se ha sumado la dura crítica contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La publicación de la información sorprendió a la propia Comisión, que tardó en reaccionar, y apenas afirmó que no comentan «procedimientos en marcha» y que la «filtración» es «lamentable».
«Las filtraciones son una violación de las reglas de procedimiento de la Corte», añadieron fuentes de la Comisión en una respuesta que se antojó totalmente insuficiente dada la relevancia de la información y, por supuesto, el duro golpe que supone para el Gobierno. Otro más desde Europa.