El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha comunicado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su intención de dejar el cargo que ocupa desde hace cinco años y cuatro meses. Pérez, que antes ejercía las funciones de jefe de Gabinete del ministro, ha alegado que deja el cargo por «motivos personales». El cese se producirá en el próximo Consejo de Ministros.
Pérez ha sido mano derecha de Marlaska desde la llegada de este al Interior, como reflejan los dos puestos clave que ha ocupado. Ambos contactaron en su etapa en el Consejo General del Poder Judicial, donde Marlaska era vocal y Pérez letrado. Cuando dejó el Poder Judicial por el Ejecutivo, el juez en excedencia mantuvo a a su lado a Pérez, que siempre ha ofrecido un perfil discreto.
Su salida se produce coincidiendo con las presiones desde el entorno del PSOE sobre la UCO, la unidad de la Guardia Civil que tiene en sus manos las investigaciones más delicadas para el partido y el Gobierno.
Esta misma semana se ha conocido que Leire Díez, directora de Relaciones Institucionales en Correos y próxima a la dirección del PSOE, se reunió en febrero con un investigado por una trama de fraude en hidrocarburos para pedirle información comprometedora para la UCO. En concreto, sobre el teniente coronel de la Guardia Civil que está al mando de las pesquisas de los casos de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, del fiscal general del Estado y de la trama Koldo. En el horizonte estaba desactivar el caso Koldo cuando la UCO está a punto de entregar al Tribunal Supremo un informe que podría comprometer al secretario de Organización, Santos Cerdán.
«Me parece gravísimo que personas que financian con sueldos públicos, como esta persona que trabajaba en Correos, a la vez se dedica a ser una fontanera de Ferraz tan burda y que se dedica a hacer estas preguntas tan burdas», afirmó el lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Anteriormente la UCO había sido cuestionada en la investigación del caso Koldo. Por un lado, tras algún error concreto en los informes patrimoniales sobre José Luis Ábalos; por otro, tras la publicación en EL MUNDO de mensajes cruzados entre el ex ministro de Transportes y el presidente del Gobierno, pedro Sánchez. El Ejecutivo alimentó la posibilidad de que hubiera sido una filtración de la unidad investigadora. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, cuestionó que la unidad hubiera respetado el «el deber de custodia» que le impone la ley sobre el material incautado.
El propio Rafael Pérez había aparecido en los informes del caso Koldo. En concreto, en el que analizaba la visita a España de la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez. Aunque tenía vetada su entrada en la UE, se organizó una estancia de varios días en Madrid, de la que según los mensajes incautados el secretario de Estado de Seguridad estaba al tanto.