La situación es la siguiente: tras la entrada masiva en Ceuta de 30 y 31 de julio se calcula que hay unos 2.100 menores filiados y bajo la tutela del gobierno ceutí y entre 700 y 1.000 vagando por las calles de la ciudad autónoma. La capacidad ordinaria asignada a Ceuta es de 29 plazas, tal y como fijó el Ejecutivo central en un Real Decreto de julio de 2026. Conclusión: colapso absoluto. La solución para bien por devolver estos menores con sus familias en Marruecos; bien articular traslados a otras comunidades. Aquí es donde ambas administraciones se echan los trastos a la cabeza, descargando la responsabilidad en el otro. «Eso a Vivas, pregúntele», despachó ayer Pedro Sánchez en los pasillos del Congreso, preguntado por los periodistas.
En esta crisis, a diferencia de las de 2021 -cuando entraron en torno a 10.000 inmigrantes; ahora lo han hecho más de 70.000- el entendimiento entre Gobierno y Ceuta no está engrasado. Hay discusiones, reproches, impedimentos… Y en esa batalla política están atrapados en torno a 3.000 menores, según estimaciones del gobierno ceutí. En Madrid hay mucho enfado con Juan Jesús Vivas, y viceversa… mientras los días pasan y al crisis se enquista. «El Gobierno de Ceuta no quiere mandar menores a la Península. Vivas usa el argumentario del PP y se dedica a atacar al Gobierno. Si sigue habiendo menores en la calle es por culpa de Ceuta y del PP», señalan fuentes del Gobierno.
En la ciudad autónoma tienen otra visión: «La intención es intentar derivar la responsabilidad el problema que tenemos a un ayuntamiento de 80.000 habitantes». La contestación de Sánchez sobre los menores causó mucho enfado: «Es una vergüenza esa declaración que ha realizado hoy el presidente del Gobierno y de la forma en la que la ha realizado».
«La tutela y la competencia de los menores es exclusiva de Ceuta», claman desde los ministerios de Infancia o Política Territorial. «¿Cómo vamos a derivar nosotros a niños de los que no tenemos su tutela?». Sobre la mesa dos vías de urgencia propuestas por el Gobierno: la acogida de 500 niñas en la Península por parte de entidades especializadas en atención a la infancia, manteniendo Ceuta la tutela; la acogida solidaria por par de las comunidades. El problema está en que el Gobierno dice que Ceuta es quien debe firmar y dar permiso, y la ciudad autónoma oponen que «es un traslado que tiene que hacer el ministerio». «No cabe en la cabeza que con la presión que está sufriendo Ceuta, con la situación que tenemos, decir que el Gobierno de la ciudad no quiere facilitar la salida de menores, es que no tiene ningún sentido». La normativa española deja sentado que la asunción de la tutela de los menores no acompañados corresponde a las comunidades.