Son las 9.41 horas de la mañana. Tomás Pérez-Sauquillo, el ex presidente de la empresa pública de capital riesgo Invercaria, llega con tiempo más que suficiente para sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio que da comienzo en la Audiencia de Sevilla. Se juzga una de las piezas de la macrocausa de corrupción en torno a esta sociedad pública de la Junta de Andalucía en la etapa de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE. Y el juicio lo preside Mercedes Alaya, la magistrada que desenmarañó desde su juzgado de instrucción la trama de los ERE, el gran caso de corrupción que desencadenó la caída del PSOE del Gobierno andaluz.
La vista oral de Invercaria arranca tres días antes de que comience oficialmente la campaña electoral de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Y continuará, en paralelo, a la frenética actividad que desplegarán por todos los rincones de Andalucía todos los candidatos, incluida la socialista María Jesús Montero. Los días del juicio estaban decididos desde mucho antes de que Juanma Moreno fijara la fecha de los comicios.
Los casos de corrupción, como el de Invercaria y también el de los ERE o los cursos de formación, forman parte del paisaje que ha acompañado al PSOE andaluz en las 18 citas electorales que se han sucedido desde 2011. En estos quince años, ha habido seis elecciones generales, cuatro municipales, tres al Parlamento Europeo y cuatro comicios autonómicos. Los del 17-M serán los quintos.
En esta campaña, a las tramas corruptas andaluzas se ha sumado el juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra el ex ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, donde las mordidas, los enchufes y las amigas estaban a la orden del día. Y donde el nombre de la que fuera ministra de Hacienda y hoy candidata socialista a presidir la Junta, María Jesús Montero, ha estado en el foco en no pocas ocasiones.
Regresando a 2011, concretamente el 19 de enero, Mercedes Alaya abrió las diligencias previas 174/2011, que desembocaron en la macrocausa de los ERE, que puso al descubierto el reparto arbitrario y opaco de ayudas millonarias -casi 680 millones– por parte del Gobierno andaluz socialista a lo largo de una década. Este asunto se desgajó en 133 piezas, de las que 29 ya cuentan con sentencia. Y el resultado es abrumador: 25 condenas y cuatro absoluciones.
Más de medio centenar de condenados
En total, hay más de medio centenar de condenados, entre ex altos cargos socialistas, ex alcaldes, intermediarios, empresarios e intrusos. En la cúspide de este caso están los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que ahora están pendientes de la decisión que pueda adoptar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), después de que la Audiencia de Sevilla le elevara el caso el pasado julio. Lo hizo porque entendió que puede generar «impunidad» la decisión del Tribunal Constitucional de amparar parcialmente a la mayoría de los ex altos cargos de la etapa del PSOE, que habían sido condenados previamente por la Audiencia y el Tribunal Supremo.
Todo apunta a que el Tribunal Europeo no admitirá la cuestión prejudicial remitida por la Audiencia, después de que la Comisión Europea rechazara recientemente que se pronuncie sobre la misma, al no haber fondos europeos comprometidos.
La rehabilitación de Chaves y Griñán
En cualquier caso, y aunque la justicia todavía no ha dicho la última palabra sobre Chaves y Griñán, el PSOE sí los ha rehabilitado políticamente y con todos los honores. Ambos iban a ser homenajeados por María Jesús Montero, junto al resto de presidentes de la Junta, en un acto clave de la precampaña en Dos Hermanas (Sevilla), el municipio talismán de Pedro Sánchez.
Aunque el evento se suspendió por el fallecimiento de la esposa del ex presidente Rodríguez de la Borbolla, Montero reivindicó al día siguiente sin complejos el legado de los ex presidentes de los ERE. Y lo hizo junto a Pedro Sánchez.
La jueza Alaya
Precisamente la imputación de los ex presidentes en los ERE se conoció en un momento clave de la vida política andaluza. Fue el mismo día que juraban sus cargos los consejeros del primer Gobierno de Susana Díaz el 10 de septiembre de 2013 en el salón de los espejos del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.
En una causa judicial tan compleja como la de los ERE, con centenares de investigados y con tantas piezas que siguen todavía instruyéndose en el juzgado (aún quedan 57 en esta fase), ha sido habitual que los hitos de la causa o alguno de los 33 juicios finalizados hayan coincidido con las 17 citas electorales ya celebradas en estos quince años. Precisamente Alaya fue blanco de los dardos de los dirigentes del PSOE por «influir» en las campañas con sus decisiones «más que calculadas» sobre los ERE. Javier Guerrero, por ejemplo, el principal acusado de la trama ya fallecido, fue a prisión el primer día de la campaña de las autonómicas de 2012.
Alaya repelió siempre, a través de sus autos, estas críticas. En febrero de 2015, un mes antes de las andaluzas de ese año, la magistrada dijo en un auto: «Tras las elecciones autonómicas se suceden a corto plazo las municipales y posteriormente las elecciones generales, de manera que, si esta instructora fuera de la misma opinión que los solicitantes, no practicaría prueba alguna en este y en otros procedimientos en el transcurso de un año, porque siempre las mismas podrían justificarse maliciosamente por la existencia de algún evento político o electoral». Así respondió a los investigados que pedían aplazar una declaración clave para las pesquisas.
Una década larga después de ese auto, Mercedes Alaya es, casualmente, la magistrada que preside el tribunal que está juzgando estos días en la Audiencia si hubo malversación en Invercaria. En el banquillo, Pérez-Sauquillo y el ex consejero Francisco Vallejo, también juzgado por los ERE. En la primera sesión, la jueza marca territorio: «Soy absolutamente imparcial». Fue su respuesta a los letrados de la defensa que la cuestionaban por su investigación en los ERE. El juicio sigue durante todo mayo.