El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en la sede del partido
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en la sede del partidoEFE

No se habló ayer en la sede de la calle Bambú de «consejerías con presupuestos», ni de una «vicepresidencia» que las coordine. Tampoco de un reparto de «responsabilidades» con criterios de «proporcionalidad». No entonó Ignacio Garriga el «queremos gobernar» que venían repitiendo distintos dirigentes de Vox desde que, el pasado 11 de enero, Santiago Abascal anunciara su pretensión de volver a compartir ejecutivos autonómicos con los populares. Ayer Vox aparcó esta petición, aplazando la negociación de su retorno al poder hasta un escenario futuro en el que los partidos de la derecha hayan alcanzado un entendimiento programático. El asunto más sensible para Vox en este proceso queda, pues, pospuesto, y la formación de Abascal tiene los tiempos en su mano.

Tras semanas con las conversaciones encalladas en Extremadura, y ante el inicio de las negociaciones en Aragón, PP y Vox se disponen ahora a resetear el proceso y volver al punto de partida -o casi-. Y, para ello, la formación de Abascal ha trasladado a sus equipos un nuevo «marco» en el que las conversaciones sobre la composición de los nuevos ejecutivos autonómicos se dejan como último punto del proceso, que solo se llegará a negociar si antes se sella un «plan de gobierno». «Primero hay que hablar del qué, de qué vamos a hacer desde los gobiernos, y luego veremos quién va a hacer ese qué y con qué garantías nosotros vamos a corroborar que eso se va a llevar a cabo», resumió ayer Garriga. Fuentes del partido clarifican que esto no supone renunciar a volver a los ejecutivos, sino que esta opción sigue sobre la mesa, pero no se abordará hasta que se cierre el acuerdo programático.

Anteponer las «políticas» a las carteras no es una novedad en el discurso de Vox, pero, en las últimas semanas, los de Abascal venían defendiendo que un acuerdo programático no sería suficiente si no va acompañado de poder real para ellos. Por la «desconfianza» que decían tener en los populares -en especial, en María Guardiola-, consideraban su presencia en los ejecutivos condición necesaria para asegurar «que esas políticas se implementen». Sin embargo, ahora Vox quiere cerrar con el PP un pacto de medidas que ya incluya ciertas «garantías» de cumplimiento, y negociará a partir de ahí quién ocupará cada cartera.

Garriga y Abascal avanzaron ayer algunas de esas «garantías» que pedirán. La primera: un «acuerdo detallado», con «ideas» y las «medidas concretas» a aplicar por el nuevo gobierno que se forme. Y, una vez alcanzado un punto común a este respecto, exigirán pactar «plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento» -«nada de ‘vamos a impulsar…'», dijo Garriga-. El número dos de Vox incluso puso sobre la mesa la posibilidad de levantar actas de las reuniones que se produzcan con los populares. Todo esto quieren que sea público, para que «no haya lugar a interpretaciones».

Son múltiples los formatos de negociación que han desarrollado PP y Vox en los últimos años, y que podrían servir de modelo en este proceso. Abascal apuntó ayer al acuerdo sellado en la Comunidad Valenciana para investir president a Juanfran Pérez Llorca como una «referencia» para su formación -entonces, no hubo asientos en el gobierno ni un pacto por escrito, sino solo un compromiso público del popular, que recogió las políticas de Vox en su discurso-. Algo similar hicieron Fernando López Miras y Carlos Mazón en 2025 para sacar adelante sus presupuestos. Solo tras el anterior ciclo electoral hubo acuerdos por escrito estableciendo la hoja de ruta de los gobiernos autonómicos.